Lee la columna de nuestra investigadora principal, Carolina Trivelli ► https://bit.ly/2JmP90l
Las políticas sociales que nos exige la actual coyuntura y que necesitaremos para sostener el proceso de recuperación posterior a ella tienen mucho de lo que ya conocemos, pero acompañado de novedades en servicios y en formas de provisión, con mucha más colaboración entre sectores del aparato público y entre estos y el sector privado, y por cierto, con mucha digitalización.
Ahora más que nunca las políticas sociales tienen que sumar a que nadie sea invisible para el estado, que nadie esté fuera del alcance inmediato de la atención del estado. Esto es un tremendo reto en un país con tan alta informalidad y donde para muchos ciudadanos hasta ahora ha sido mejor pasar bajo el radar del sector público y no ser notado. Hoy ha quedado claro que esto no es sostenible, ni conveniente para los ciudadanos que enfrentan las mayores carencias.
La respuesta a la emergencia –los bonos- y los recursos para mitigar las demandas básicas de población vulnerable son remarcables. Hemos visto una respuesta rápida, de amplio alcance y de monto por familia importante. Generalmente, las respuestas a situaciones de pobreza son ultra focalizadas en un grupo relativamente pequeño de ciudadanos que cumplen muchas condiciones de vulnerabilidad o son de muy bajo monto. Por el contrario, lo que tenemos en la respuesta a la emergencia es distinto, prácticamente 1 de cada 2 hogares urbanos recibiendo un bono, a menos de dos semanas de iniciada la emergencia, y por un monto (que todos quisiéramos pudiera ser mayor) más alto que el que están entregando todos nuestros países vecinos.
Es cierto que este despliegue ambicioso no ha estado exento de problemas. El Padrón General de Hogares, columna vertebral del sistema de focalización, tiene limitaciones. Tanto por los limitados recursos destinados en años anteriores a su actualización, por los problemas derivados de tener un esquema de actualización con gran peso en lo que pueden aportar los municipios como información fidedigna y por la enorme informalidad de nuestros sistemas que permiten que ciudadanos puedan pasar desapercibidos para el estado.
Estos problemas se traducen por suerte en un número de casos relativamente acotado que debieron ser atendidos y no lo están siendo (lo que debe ser la mayor preocupación del Midis: encontrar cómo llegar a ellos rápido, ahí el apoyo del sector privado es una de las claves) y en algunos otros problemas meno-res: casos de asignación a personas fallecidas que deben redirigirse a otro miembro del hogar, asignación de puntos de cobro del bono lejos de donde físicamente está el receptor del bono y algunos “filtrados”, es decir, casos que no debieron estar en el padrón de receptores. A pesar de estos problemas, los bonos cumplen su propósito y llegan masivamente a quienes más los necesitan. Bien, no es perfecto, pero llega y llega a muchos.
Ahora queda el desafío de preparar intervenciones para lo que se viene. Y ahí hay que diseñar, probar y poner en práctica seguramente nuevas intervenciones de política social y transformar algunas de las que ya tenemos. Por ejemplo, es momento de asegurar que todo el paquete de capacitación a madres cuidadoras y a quienes hacen visitas domiciliarias de Cuna Más se digitalicen y se ponga a disposición de todas las madres de niños de entre 3 y 36 meses; o se institucionalice el complemento de visitas domiciliarias a adultos mayores para todo receptor de Pensión 65 y se expanda el sistema de monitoreo a sus condiciones de vida para ayudar a los usuarios de ese programa a mantenerse lejos del virus, y así, mucho que hacer en los programas; o pasar de entregar alimentos vía el municipio a los comedores populares a entregarles dinero y que las señoras organizadas hagan las compras que requieran.
Junto a ello, habrá que ir pensando en un programa de apoyo temporal a familias urbanas que por la emergencia hayan entrado en situación de pobreza, sea vía programas de empleo temporal, transferencias condicionadas o programas de capital semilla para emprendimientos (o mejor las tres cosas en un programa social temporal para pobreza urbana), por ejemplo.
Pero además, y a nivel general, hay dos desafíos que debemos de una vez asumir y enfrentar si queremos mejorar nuestra capacidad como sociedad de atender a los más necesitados. Primero, completar, mejorar y generar esquemas de actualización permanente del sistema de focalización. Para ello hay que usar mucha tecnología e innovación, hay que asegurar que el sistema de focalización tenga acceso a la mayor cantidad de información posible, del sector público, de municipios y del sector privado. Acá hay que tener cuidado con no violar la privacidad de la información personal, pero asegurando que usamos lo mejor que tenemos para que cada vez el sistema sea mejor, más preciso, más justo.
Segundo, universalizar la inclusión financiera. Todos los peruanos mayores de 18 deben tener una cuenta. Sea una cuenta simplificada de ahorros, una cuenta de dinero electrónico a la que acceder desde el teléfono que prácticamente cada hogar posee o un cuenta transaccional con operaciones mínimas. Lo que sea mejor, pero alguna cuenta a través de la que todo peruano este conectado con todos los demás, para enviar y recibir una transferencia, para acceder a su dinero en donde esté, para poder hacer compras sin cola, sin ventanillas, sin ir a una entidad financiera. Esto requiere, por cierto, que pasemos del 40% de adultos con al menos una cuenta al 100% con ella, pero también que el sistema financiero –público y privado- amplíen su infraestructura: más cajeros corresponsales, más ATM, más POS y distribuidos en todo el territorio, no solo en los centros comerciales y que cada bodega, cada puesto de mercado acepte pagos electrónicos (con una tarjeta, con el teléfono). Esto lo podemos hacer, pero requiere voluntad, liderazgo y colaboración.
Ambos desafíos pueden enfrentarse mejor hoy que tenemos mucha tecnología e información disponible para avanzar. Pero también ambos desafíos chocan con la informalidad, con el mejor pasar desapercibidos, con mejor no estar en los registros, con el usar un teléfono que no está a mi nombre, con solo usar dinero en efectivo para que nada deje huella. La emergencia nos ha mostrado que es justamente esto lo que nos pasa factura ahora, y que pasa una factura especialmente grande a los que menos tienen.
Por equidad, por eficiencia, por mejorar nuestra capacidad de atender emergencias, ahora, pasando la primera parte de esta emergencia, es cuando debemos tomar acciones y enfrentar estos dos desafíos. Sin duda, con ello estaremos todos mejor y podremos implementar mejores y más efectivas políticas sociales.
