Lee la columna de nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes, escrita para el diario El Comercio ►https://bit.ly/3tcjfrO
Tomó tiempo para adoptarlas. Lo cierto es que en la actualidad nuestro país viene implementando dos reformas fundamentales para la mejora de la calidad de la educación: la carrera pública magisterial y la supervisión de las entidades de educación superior.
Sacarlas adelante no fue tarea fácil y le debemos mucho a los educadores, funcionarios y congresistas que se comprometieron con cada una.
Sobre la carrera pública magisterial, se establece una línea de carrera para los maestros de la educación básica regular y un compromiso de capacitaciones y evaluaciones por parte de las autoridades para mejorar la labor docente. Las capacitaciones y evaluaciones traen consigo los aumentos de sueldo, pero también la baja de la carrera de no aprobarse un número de evaluaciones.
De manera concordante, Pronabec armó un programa de becas para estudios de formación docente. El fin último es revalorar al maestro y a la carrera como una de prestigio, buscando atraer a los mejores graduados de secundaria para que sean docentes.
Sobre la reforma de la educación superior, comenzó con la promulgación de la Ley Universitaria en el 2014 y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). Esta ley reconoce a las universidades públicas, privadas con fines de lucro y privadas sin fines de lucro.
A todas se les exigió un conjunto de condiciones mínimas de calidad, que abarcaron tanto infraestructura como preparación de los docentes, orientación a la investigación y bienestar estudiantil, entre otros requisitos. Luego de seis años, pasamos de 140 universidades (51 públicas y 89 privadas), a 92 universidades y dos escuelas de posgrado licenciadas.
Con tristeza, y también debería decir indignación, vemos que ninguno de los candidatos que ha pasado a la segunda vuelta las reivindica. Uno, de hecho, lideró una huelga prolongada, celebrada en su oportunidad por la mayoría de medios de comunicación, precisamente defendiendo la bandera que los maestros de educación básica regular no debían ser evaluados.
La otra, desde su control de las comisiones de Presupuesto y Educación durante el vacado Congreso del 2016 al 2019, no solo censuró a uno de los mejores ministros de Educación que hemos tenido, sino que también inició procesos de investigación absurdos contra la Sunedu.
Será tortuoso, sino imposible, que nuestros niñas y niños realicen todo su potencial aprovechando la garantía de un derecho universal a la educación, sin un compromiso firme de las autoridades para sostener estas reformas. Los ciudadanos tenemos derecho a exigírselo.