[COLUMNA] «Posibles complicaciones electorales», por Martín Tanaka

Salvo para la mayoría en el Congreso, todos los observadores de la política han expresado preocupación por el alto nivel de fragmentación política con el que enfrentaremos las elecciones convocadas para abril del 2026. Cuarenta y un partidos inscritos, que podrían llegar a ser 45 o más.

Llegamos a este elevado número por las contradicciones en la dirección de las reformas políticas implementadas en los últimos años. El Congreso del 2016 aprobó la propuesta del Ejecutivo, siguiendo la recomendación de la Comisión de Reforma Política de la que formé parte, de eliminar el requisito de un elevado número de firmas de adherentes, que en mayo del 2019 eran más de 700.000, que solían falsificarse o conseguirse por dádivas, y que no acreditaban ninguna legitimidad política. Era claro que el sistema de partidos tenía serios problemas de representación, y que había que cambiar los requisitos de entrada.

El Congreso aprobó privilegiar la existencia de militantes, no de adherentes, y se optó por un número mayor a los 25.000; además, la constitución de 65 comités de base en al menos 20 departamentos. Para que este cambio no inflara artificialmente el número de partidos, el JNE debió fiscalizar que los inscritos fueran militantes, y que los comités tuvieran funcionamiento real, cosa que no ha ocurrido. Pero el verdadero límite para la fragmentación eran las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos, de modo que, si estos no eran capaces de obtener un mínimo de votación, perdían el registro. Pero, al posponerse desde el 2016 este procedimiento y luego eliminarse por el actual Congreso, se terminó abriendo la puerta sin control.

Ahora solo queda optar por una lógica de control de daños, favoreciendo la formación de alianzas y retomar el debate sobre una reforma política profunda más adelante con los partidos sobrevivientes. Pero las próximas elecciones se pueden complicar por más razones. Ya hemos comentado cómo desde la actual mayoría del Congreso parece usarse el mecanismo de la inhabilitación política no para cautelar principios democráticos, sino para ‘castigar’ a adversarios y limitar la competencia. Además, se han aprobado iniciativas que buscan amedrentar a ONG y periodistas y limitar el ejercicio de la crítica contra las autoridades y el Estado.

Al mismo tiempo, aparece como tema muy preocupante la posible sanción e inhabilitación de candidaturas por los organismos electorales, y el sistema de justicia. Recordemos que en las elecciones del 2016 fueron excluidos candidatos como Julio Guzmán y César Acuña, mediante sanciones desproporcionadas. Aún peor, corremos el riesgo de excluir partidos políticos sobre la base de denuncias judiciales presentadas por ciudadanos individuales, como en el caso contra Fuerza Popular y País para Todos. Instancias judiciales deben tomar decisiones que afectan la competencia electoral solo en casos muy excepcionales y con criterios absolutamente irrebatibles, como en los casos del partido Antauro o el Movadef. En un contexto de polarización, la tentación de recurrir a sanciones administrativas o judiciales para obtener ganancias electorales será bastante alta.

Finalmente, en un contexto de inseguridad como el que estamos viviendo, no es alarmista pensar que las extorsiones y amenazas afecten también candidaturas, especialmente en algunas regiones problemáticas. Debemos anticiparnos a estos desafíos para poder responder ante ellos.