Lee la columna «Promesas electorales» escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el Diario El Comercio ►https://bit.ly/3YOd13z
Con el nuevo año, y con la cada vez mayor proximidad de las elecciones generales, asistimos al desfile en los medios de comunicación de los diferentes candidatos, y escuchamos todo tipo de promesas; nada inesperado considerando que existen 36 aspirantes a la presidencia, más de 3.000 candidatos al Senado y más de 6.000 candidatos a la Cámara de Diputados, electas con voto preferencial. Conviene, en este contexto, ser conscientes de la gran distancia que necesariamente existirá entre las promesas de campaña y las futuras realidades del gobierno y del trabajo congresal.
En principio, los planes de gobierno de los partidos deberían orientar las ofertas electorales de los diferentes candidatos; sin embargo, estos planes se elaboraron antes de que los partidos eligieran a sus candidatos. Muchas veces fueron “encargados” a grupos o personas con vínculos a dirigencias partidarias que ejercen escasa influencia sobre los candidatos en campaña. Así funciona la mayoría de partidos que no resultan como tales, que perderán la inscripción y desaparecerán el próximo año, y que solo son vehículos para la postulación de proyectos individuales, salvo contadas excepciones. En realidad, solo cuando entremos a la recta final de la campaña (o para la segunda vuelta), cuando los partidos se vean obligados a participar en debates o presentaciones ante auditorios especializados, es que los partidos se preguntarán en serio qué harían si ganaran las elecciones. Para responder esa pregunta, muy probablemente, buscarán apoyo de técnicos independientes, y no necesariamente de los candidatos en campaña. Es más, recién podremos saber con cierta certeza las verdaderas intenciones del futuro gobierno cuando el presidente electo forme su primer Consejo de Ministros. Sin partidos políticos consolidados, suele ocurrir que las cosas dependan de las decisiones personales de autoridades electas que toman decisiones basadas en criterios pragmáticos, basados únicamente en el contexto, y no en orientaciones ideológicas o de programa.
En cuanto al Congreso, en otras circunstancias los planes de gobierno deberían perfilar agendas legislativas mínimamente definidas, que deberían comprometer a los candidatos. Sin embargo, la dinámica del voto preferencial conduce a que cada candidato busque diferenciarse no solo de las listas rivales, sino también de los demás compañeros de su propia lista. Los partidos han ido perdiendo dramáticamente en el último tiempo capacidad para “disciplinar” a sus representantes en el Congreso, con lo que el proceso legislativo se ha vuelto poco previsible. Habría que preguntarse por la capacidad de los aspirantes al Parlamento para gestar acuerdos y construir mayorías con otros representantes, tanto de su propia bancada como de bancadas rivales. Y en tanto buena parte del trabajo de los futuros representantes se desarrollará dentro de bancadas y de comisiones específicas, más relevante sería preguntarse a qué comisiones se quisieran integrar y qué tipo de iniciativas se promovería desde las mismas. La otra parte del trabajo está relacionada con la representación de los intereses de regiones y territorios específicos, para lo cual la capacidad de articular visiones con ministros, gobernadores y alcaldes resulta crucial.