Lee la columna escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, en el diario El Comercio ► https://bit.ly/4dgLihZ
La semana pasada decíamos que, de cara a las próximas elecciones generales, resulta imperativo enfrentar el problema de la alta fragmentación política: un número excesivo de candidaturas presidenciales y de listas parlamentarias en un contexto en el que prácticamente ningún partido cuenta con identidad, militantes o postulantes comprometidos con programas específicos.
Además, en tanto los parlamentarios llegarán al Congreso mediante el voto preferencial, las lealtades con las listas desde las que postularon resultarán bastante tenues. Por estas razones, una vez realizadas las elecciones, se producen deserciones, formándose nuevos grupos parlamentarios que poco o nada tienen que ver con las preferencias ciudadanas expresadas en las urnas. Un número mayor de bancadas hace más difíciles las negociaciones y los acuerdos políticos, peor aún si no existen liderazgos fuertes y orientados programáticamente en los partidos o grupos parlamentarios. Todo esto termina abriendo paso a la proliferación de acuerdos en torno de intereses particulares.
¿A qué podríamos aspirar realistamente en el corto plazo? Para empezar, como ha sido sugerido ya desde diversos sectores, alentar las alianzas de partidos rebajando los requisitos para estas por única vez. Y debería ser por única vez, porque la pertenencia a alianzas puede terminar convirtiéndose, como en el pasado, en un mecanismo de sobrevivencia para partidos cascarón. Podría también cambiarse la fecha de la elección congresal para la segunda vuelta presidencial, para que los electores puedan decidir con más información respecto de qué tipo de relación quisieran entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y debería revisarse el reglamento del Congreso para desincentivar el transfuguismo, evitando que los nuevos grupos parlamentarios funcionen igual y tengan las mismas prerrogativas que aquellos cuya conformación fue producto del voto popular.
Respecto de la selección de candidatos, está en agenda una reforma constitucional que impida que candidatos sentenciados por delitos graves puedan postular. Deberíamos también ser más exigentes en el proceso de selección de candidatos. Recientes cambios legislativos establecen un número mínimo de participación de delegados en las convenciones que seleccionan candidatos, pero poco o nada se hace para fiscalizar que la selección de esos delegados no sea fruto de la pura arbitrariedad.
Para más adelante deberíamos facilitar que los organismos electorales puedan hacer un mejor trabajo de fiscalización en el proceso de inscripción de los nuevos partidos, así como asegurar que los ya inscritos cumplan con los requisitos que supuestamente lograron. No resulta creíble que, dados los niveles de desafección política, existan tantos partidos con capacidad de contar con un número importante de militantes o afiliados.
Y, ya aprobada la elección de un Congreso bicameral, es oportuno definir una elección de diputados con circunscripciones medianas. Al mismo tiempo, para asegurar una variedad de fórmulas de representación, hacer que la elección del Senado tenga un distrito nacional único que más bien refleje lo más fiel posible la proporcionalidad del voto. Finalmente, deberíamos elevar un poco las barreras de entrada al Congreso, aplicando la valla electoral a las dos cámaras.