Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka, escrita para el diario El Comercio ►https://bit.ly/3Wrz5h2
En la columna pasada hablaba sobre una semana de vértigo para referirme a aquella que transcurrió entre el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo hasta el inicio de la dinámica de protestas que, al escribir mi artículo el pasado lunes 12, había dejado un saldo de cinco fallecidos. En este momento, el saldo trágico es de más de 20 víctimas ocurridas en el contexto de enfrentamientos durante las protestas; entre ellas, cuatro menores de edad.
Si bien los altos niveles de violencia y los ataques a entidades públicas vinculadas a procesos judiciales y objetivos estratégicos sin duda revelan la existencia de intereses delincuenciales y la operación de grupos extremistas, no debe perderse de vista que el dato fundamental es la contundencia y masividad de las protestas en algunas zonas del país. La encuesta de diciembre del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra que un 71% de los entrevistados declara estar en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la Presidencia de la República; un porcentaje que alcanza el 77% en el ámbito rural y el 84% en el sur. Respecto al expresidente Castillo, a pesar de lo censurable de su actuación en las últimas semanas, un 26% califica su desempeño gubernamental como bueno o muy bueno; un porcentaje que llega hasta el 43% en el ámbito rural y el 40% en el sur. Un 44% aprueba el intento del expresidente de disolver el Congreso; un porcentaje que llega hasta el 58% en el sur y el 63% entre quienes se identifican de izquierda. Un 40% declara que participaría en marchas o protestas en favor del expresidente Castillo; un porcentaje que llega hasta el 63% en el sur y el 61% entre quienes se identifican de izquierda. Estos datos son congruentes con otros que hace muchos años registran las encuestas: un 36% está de acuerdo con que frente a “momentos muy difíciles se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y gobierne sin Congreso” (un porcentaje que sube hasta el 50% en el sur), y un 38% declara estar de acuerdo con que “los militares tomen el poder a través de un golpe de Estado” en las mismas circunstancias (un porcentaje que sube hasta el 44% en el ámbito rural).
La semana pasada mencionaba –cuando la dinámica de enfrentamientos apenas empezaba– que asistíamos a una suerte de momento pre-hobbesiano –de pura confrontación– en el que la autoridad estatal se había disuelto para sectores muy significativos de la población. El pacto estatal implica la subordinación a la autoridad para evitar la violencia, la existencia de una comunidad política implica un mínimo reconocimiento de quienes son distintos y piensan diferente a uno. Y lo que hemos visto es el choque entre un sector que, sintiéndose desatendido, ninguneado y agredido desconoce reglas democráticas básicas y plantea demandas sin cauce posible de negociación y una autoridad gubernamental deslegitimada que responde levantando el mazo de la represión, minimizando el sentido de las protestas, atribuyéndolas a la manipulación, sin abrir espacios para el diálogo y el entendimiento, sin buscar acercamientos, dar explicaciones o intentar construir la legitimidad de la que carece. En medio de esto, hay tribus que alientan el endurecimiento de la represión e irresponsablemente empujan a nuestras fuerzas policiales y armadas a enfrentar escenarios que no les corresponden y que no están en condiciones de manejar; y otras que azuzan el conflicto lanzando consignas aventureras, abdicando de su responsabilidad de generar caminos viables dentro de cauces democráticos para el descontento popular y que solo terminan perjudicando al pueblo que supuestamente se pretende representar.
El gran desafío para nuestra democracia es fortalecer nuestra comunidad política en medio de nuestras diferencias, construir caminos institucionales de salida a esta crisis, evitando la violencia. Cerrarles el paso a la derecha represiva y a la izquierda aventurera. Para esto, la presidenta requiere construir una respuesta basada en una propuesta política, para lo que necesita mucha más explicación, persuasión y acercamiento a los que se sienten ninguneados y agredidos por su gobierno.