Lee la columna «Servir al Estado» escrita por Roxana Barrantes, investigadora principal del IEP, para el Diario El Comercio ► https://bit.ly/3X4RBOs
Esta semana, Elena Conterno, destacada economista y ex ministra, ha publicado una columna que nos ha dejado a varios pensando. Provocativamente, la titula “No vuelvo al Estado”. En ella, reflexiona sobre las persecuciones a las que somos sometidos quienes, de buena fe y poniendo lo mejor de nosotros, aceptamos posiciones de responsabilidad en el sector público.
El acoso proviene de los actores de la justicia, Fiscalía y judicatura, quienes, en su afán de castigar a los culpables de delitos, reemplazan la falta de recursos para hacer investigaciones prolijas por expediciones de pesca de arrastre.
La historia va más o menos como explico a continuación. Los actores de la justicia leen alguna noticia de algún medio -sea fiable o no- y abren investigaciones de oficio a “todos los que resulten responsables”, nombrando en esa búsqueda de responsabilidad a todo aquel que, a ojos de la Fiscalía, tuviera algo que ver.
Ejemplo reciente: se ha abierto investigación a los anteriores ministros de Economía que se reunieron con el presidente Castillo en 2021. Basta haber sido ministro de Economía para ser incluido, sea que hayas participado, o no, en alguna reunión.
Se abren así investigaciones preliminares que sin encontrar nada concreto, son sometidas al control judicial para pasar a investigaciones preparatorias, cambiando la condición de quienes fueron testigos en la preliminar a investigados en la preparatoria. El juez, que tampoco tiene muchos recursos, abre investigación preparatoria a todos los listados por la Fiscalía.
La Fiscalía, en principio, tiene 3 años para investigar que se pueden duplicar si se argumenta que el caso es complejo. Por supuesto que todos los casos de funcionarios públicos en altos niveles de responsabilidad son complejos y la investigación se extiende. Todo con un juez que deja pasar.
Una innovación importante de la legislación de los noventa fue incluir una obligación de las entidades públicas de financiar la defensa legal de los funcionarios denunciados.
Esta disposición daba cierta tranquilidad en un entorno que pretendía cambiar las denuncias que recibían los funcionarios por cualquier decisión que contradecía los deseos de los administrados. Pero hoy resulta que algunas entidadescomo ProInversión, deben dedicar una parte importante de su presupuesto a estas defensas legales porque las expediciones fiscales son de “arrastre”, amplificando el número de personas investigadas.
Así, se han colocado topes a los honorarios de la defensa. Los funcionarios entonces tenemos una nueva carga en nuestros ingresos: pagar al abogado no por 3, sino por 6 años -acuérdense que el juez concedió el carácter de investigación compleja al caso-.
Tenemos que pensar en una buena reforma que mejore la eficiencia de los actores de la justicia para recuperar la confianza al servir al estado.