Desde las primeras protestas la presidenta decía no entender por qué se daban. Lo que las encuestas mostraban era que ante una posible caída de Castillo la ciudadanía quería nuevas elecciones, no a Boluarte en la presidencia ni a los actuales parlamentarios en el Congreso. En la encuesta de julio, 80% se reafirma en que lo que más le conviene al país es tener elecciones antes de 2026. No entender eso en más de siete meses es no ver la realidad o no quererla ver.
Por el lado del Congreso, los encuestados identifican que es la institución con más poder (seguida de los empresarios y de la presidenta) y el 78% afirma que abusa del poder que tiene.
Cuando preguntamos si Perú es una democracia, los valores han ido cayendo. Según el Barómetro de las Américas de 2019, un 66% afirmaba que Perú sí era una democracia. En la encuesta del IEP de febrero de 2022 llegaba a 57% y en la encuesta de este mes es 51%. Ese es el resultado de un gobierno que no escucha a la ciudadanía, un Congreso que abusa del poder que tiene y también, qué duda cabe, resultado de las acciones de quienes no admitieron una derrota electoral y del nefasto gobierno de Pedro Castillo.
Las protestas son un buen inicio para mostrar que la ciudadanía está harta del abuso, pero aún falta una mayor reflexión sobre la democracia, la cohesión social (las cifras de confianza interpersonal son de las más bajas en el continente), la representación y la institucionalidad. El reto pendiente es ir más allá de la protesta, canalizar una salida por vías institucionales y evitar algo peor de lo que hemos tenido hasta ahora.