Lee la columna «¿Sin salidas?» escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el Diario El Comercio ► http://bit.ly/3IMCTIN
Como nos lo recuerdan cada mes todas las encuestas y los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la legitimidad del sistema político anda por los suelos. La desaprobación a la gestión de la presidenta, del Congreso, la desconfianza en los partidos políticos y en las instituciones en general han llegado a niveles que sobrepasan nuestros tradicionalmente muy malos estándares históricos. El problema es que percibimos que los problemas que nos aquejan requieren atención urgente y caminos verosímiles hacia una solución, que este gobierno no está en condiciones de proporcionar. Según el último informe del INEI de percepciones sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones del mes de agosto, claramente registramos cómo la delincuencia va creciendo en importancia como uno de los principales problemas del país, alcanzando en las últimas mediciones al problema número uno, la corrupción. Y está claro también que ambos problemas están estrechamente relacionados. El problema de la delincuencia es cada vez más agobiante, en sus modalidades más violentas: las denuncias de extorsiones en los primeros ocho meses del 2025 han aumentado en 29,3% respecto al mismo período del año pasado, según el Observatorio del Crimen y la Violencia de Ricardo Valdés y Carlos Basombrío, y el analista Juan Carbajal ha señalado que el promedio diario anual de homicidios ya se ubica este año en el nivel más alto registrado en los últimos años. La Cámara de Comercio de Lima nos recuerda que en los últimos doce meses han sido asesinados 46 transportistas en Lima y Callao.
La falta de rumbo del Gobierno actual para enfrentar un problema tan agobiante ha llevado a las recientes movilizaciones y paralizaciones de gremios de transportistas (así como a las protestas de diversos colectivos de jóvenes), pero la ola de extorsiones y violencia criminal afecta a múltiples actividades económicas, en diferentes regiones del país, especialmente en Lima y la costa norte. ¿Qué corresponde hacerse ante la incompetencia y desidia gubernamental? En el mes de marzo de este año, la solución de corto plazo fue la censura del ministro del Interior. Hoy esto parece resultar insuficiente, al constatarse que el problema reside en la falta de conducción desde la Presidencia del Consejo de Ministros y de la propia Presidencia de la República. Sectores que antes defendían la continuidad de la presidenta ahora reconsideran esta postura. La urgencia de los problemas, que según Waldo Mendoza afectan también a la inversión privada y al crecimiento de la economía, hacen que julio del próximo año se perciba como demasiado lejano. El problema, claro está, es que, si la presidenta Boluarte fuera vacada, el Gobierno quedaría en manos del presidente del Congreso, el igualmente cuestionado José Jerí.
Este es el entrampamiento actual. Estamos ante un gobierno incapaz que además está de salida, pero la salida parece demasiado lejana cuando los problemas resultan acuciantes y requieren de respuestas urgentes. En el cortísimo plazo, requerimos cuando menos una conducción profesional y especializada tanto del Ministerio del Interior como de la policía, con legitimidad y aislada de los intereses políticos de corto plazo. Si la Presidencia del Consejo de Ministros no es capaz de construirla, ese camino debe ser implementado por otros. El Congreso es el llamado a recoger esta demanda, y los candidatos a la presidencia deberían también pronunciarse, su liderazgo es requerido en esta hora.