Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka, escrita para el diario El Comercio ► https://bit.ly/33msoUk
La semana pasada comenté sobre la desconfianza y temor que inspiran los dos candidatos a la presidencia de la República. Ambos pueden conducirnos a escenarios signados por prácticas autoritarias y por un retroceso en cuanto a lógicas igualitarias y de reconocimiento a la diversidad, y en el ejercicio de derechos sociales e individuales. Y si las peores previsiones no se dan, podríamos caer en el simple caos, en una suerte de reedición aumentada de lo vivido desde 2016: conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, constante movilización en las calles, con las consabidas interpelaciones, amenazas de censura y declaratoria de vacancia de la presidencia por incapacidad moral, así como pedidos de confianza y amenazas de cierre del Congreso, y los recursos ante el Tribunal Constitucional correspondientes, en medio de un clima de polarización y movilización. En medio de esto, la desatención a los desafíos de la epidemia, la reactivación de la economía y la implementación de las verdaderas reformas que el país necesita.
¿Existe salida? Ninguna de las dos candidaturas en pugna tiene la fuerza suficiente como para imponer sus intereses o visión del país, e intentarlo puede tener consecuencias catastróficas. La consciencia de que perseguir esa quimera resultaría suicida para esos grupos políticos, y que terminaría arrastrando al país, debería ayudar. De lo que se trata es de apelar al instinto de sobrevivencia. Si Perú Libre pretende convertirse en el referente político del cambio social, alrededor de una izquierda plebeya, debe asegurar un mínimo de prosperidad y estabilidad para el país; y si el fujimorismo quiere aprovechar la nueva oportunidad que increíblemente se le ha presentado para construir una derecha con cierta base popular, debe llevar a cabo una mutación democrática e institucional que requiere una suerte de refundación. Perú Libre requiere urgentemente de cuadros y propuestas realistas que le permitan tener un gobierno mínimamente viable. El fujimorismo necesita reducir el antivoto, abrirse a sectores independientes, convencer a la ciudadanía de que su proclamado respeto a la institucionalidad y la independencia judicial es en serio, así como su voluntad de hacer correcciones a un modelo económico “mercantilista”.
La realidad impone algunos puntos de convergencia: para ello se debe empezar con abandonar ideas demagógicas, como cuando se afirma que “desde el 28 de julio” se solucionarán los problemas de escasez de vacunas o que “basta con acabar con la corrupción” para solucionar los problemas fiscales. Luego, está la extendida consciencia de la necesidad de implementar acciones que generen mejoras sustantivas en las vidas de los ciudadanos más vulnerables, que en el pasado parecían políticamente inviables. Hay muchas propuestas puestas sobre la mesa: una, expresada recientemente por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, plantea un proyecto “que promueva el desarrollo sostenible… alentando la diversificación productiva, sin exclusión de ninguna actividad económica per se, reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático y mejorando la gobernanza del uso del territorio… liderado por el gobierno central, en estrecha coordinación con el respectivo gobierno regional, y contaría con la participación activa y comprometida de las demás entidades del Estado, las empresas y la sociedad civil”. El gobierno 2021-2026 debería asumir un desafío de este tipo para todas las zonas en pobreza extrema, y la discusión sobre el uso del canon minero o la promoción de nuevos esquemas de inversión pública son un paso en esa dirección. No se puede seguir con la inercia y la ineficacia de los últimos años.
Paralelamente, el próximo Congreso podría buscar consensuar, sobre la base de un amplio debate y participación ciudadana, una reforma integral de la Constitución, que se apruebe en una legislatura y vía referéndum, evitándonos así la incertidumbre de otros mecanismos. Simultáneamente, consolidar la reforma política, la reforma judicial, relanzar la reforma del Estado, el rediseño del proceso de descentralización.
Alrededor de un camino de reformas profundas, manteniendo y profundizando la institucionalidad democrática, ¿no podría gestarse un amplio acuerdo político?