En este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la Situación de los derechos humanos en el Perú, en el que concluye, entre otros puntos que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, reconoce también que hubo actos de violencia en algunas protestas, pero no en la mayoría.
La última encuesta del IEP muestra que la ciudadanía coincide en mayor medida con lo que dice la CIDH y otras instituciones como Amnistía Internacional o Human Rights que con lo que dice el gobierno. El 81% de encuestados dice que en las protestas hubo violaciones a los derechos humanos. En enero se preguntó si hubo excesos de las fuerzas del orden en el manejo de las protestas y el porcentaje que decía que sí llegaba a 56%, en mayo es 71%. Y sobre actos de violencia y vandalismo en las protestas, se reconoce que los hubo, pero un 55% dice que fue de parte de una minoría.
Además, aproximadamente, 7 de cada 10 peruanos consideran que los derechos básicos, el derecho a la protesta y la libertad de expresión no están protegidos en nuestro país.
Qué podemos construir en este contexto en el que la opinión pública cree que los derechos básicos no se respetan, en el que no se respeta el estado de derecho, con gran inseguridad y una alta desaprobación del gobierno y del Congreso. Y con una ciudadanía poco representada, no solo por los partidos políticos sino por organizaciones o instituciones de la sociedad civil. Algo tenemos que cambiar, y pronto.