Lee la columna de nuestra investigadora principal, Carolina Trivelli, escrita para el diario El Comercio►http://bit.ly/3iIehUw
En el último día del año pasado se publicó el decreto supremo aprobando la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) al 2030, con el refrendo de 15 ministros. Buena noticia.
La PNDIS ordena, prioriza y articula las intervenciones del sector público para avanzar en el desarrollo y la inclusión de aquellos peruanos y peruanas que enfrentan distintas formas de exclusión social que les impiden ejercer sus derechos, su ciudadanía y el logro de una vida plena, con bienestar.
La política advierte acerca de la interdependencia entre los factores estructurales y las múltiples barreras que esta población enfrenta en contextos altamente heterogéneos. Asimismo, la PNDIS reconoce la multidimensionalidad de la pobreza, la importancia de promover aproximaciones diferenciadas y territorializadas, y la necesidad de fortalecer intervenciones concurrentes y articuladas.
Esta política enmarca, da predictibilidad y clarifica las intervenciones públicas para los próximos siete años, y se organiza alrededor de cinco objetivos prioritarios que inciden en distintas etapas del ciclo de vida de las personas. El primer objetivo prioritario se concentra en el desarrollo infantil temprano integral de los niños menores de 6 años; el segundo, en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes; el tercero, en la inclusión económica de los adultos; y, el cuarto, en la mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores. El quinto objetivo alude al fortalecimiento de las condiciones del entorno que la ciudadanía requiere para su desarrollo.
En cada objetivo prioritario hay un sector del Ejecutivo que lidera y articula el conjunto de acciones intersectoriales e intergubernamentales a implementarse. Adicionalmente, la política establece los indicadores y metas actualizadas de desarrollo e inclusión social que se alcanzarán al 2030.
Ahora bien, hay en la PNDIS asuntos que aun requieren ser consolidados y que, con seguridad, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) irá trabajando para asegurar el éxito de esta política.
En primer lugar, si bien se reconoce explícitamente la multidimensionalidad de la pobreza, a falta de un indicador oficial de esta naturaleza, la PNDIS fija como meta reducir la pobreza monetaria hasta 15% al 2030 (lo que parece poco realista dada la coyuntura). Ante ello, urge que esta meta temporal se revise para lo que el Perú debe establecer, bajo el liderazgo del Midis, una medida de pobreza multidimensional.
En segundo lugar, en tanto cada objetivo trae metas al 2030, es relevante explicar con qué criterio se fijan dichas metas y contar con una línea de base que dé cuenta del punto de partida y de contexto a cada meta fijada. Esto último es posible con la información disponible al 2022. Sin ello resulta difícil entender, por ejemplo, que la meta del país al 2030 sea llegar a 32% de niños con anemia (meta: uno de cada tres niños con anemia).
En tercer lugar, las metas se refieren a resultados nacionales y sabemos que los promedios nacionales no reflejan bien la situación de los grupos que enfrentan las mayores exclusiones y privaciones. Es vital definir metas específicas para ellos. No debemos perder de vista que el proceso de desarrollo e inclusión exige reducir las brechas entre quienes enfrentan las mayores exclusiones y el peruano promedio. El sistema estadístico nacional ofrece información suficiente para dar seguimiento a estas brechas y evaluar si la política está permitiendo además de una mejora en general, una mejora sustantiva, y particular, para los grupos en mayor exclusión.
En cuarto lugar, en cuanto a inclusión económica, las metas y prioridades se refieren sobre todo a aspectos vinculados al empleo dependiente y, estando de acuerdo con su importancia, debemos reconocer que la mayor parte de las personas que enfrentan exclusión son autoempleados. Por ello, es clave que la PNDIS incida en mejorar sus oportunidades de insertarse en sendas sostenidas y sostenibles de inclusión económica factibles, dada su situación inicial.
En quinto lugar, en materia de la mejora del entorno, es fundamental ampliar el acceso a servicios claves: agua, salud, educación, conectividad, entre otros. Sin embargo, se requiere garantizar que estos servicios sean de calidad. Por ejemplo, mayor acceso a agua, pero a agua segura.
Concluyo esta primera reacción a la PNDIS con un tema ausente: la atención ante situaciones de emergencia. La política requiere incluir estrategias y mecanismos que aseguren una actuación efectiva del aparato público –rápido, oportuno y eficiente– ante situaciones imprevistas –El Niño costero, la pandemia o la actual crisis alimentaria. Ante eventos como estos, las personas más vulnerables son las que más pierden y quienes mayores dificultades enfrentan para recuperarse luego de ellos.
La PNDIS ofrece al Midis, en tanto rector en materia de desarrollo e inclusión social, un doble reto: la gran oportunidad de acelerar procesos que generen más y mejores oportunidades y bienestar para los peruanos y peruanas, y la enorme responsabilidad de implementarla rigurosamente, pero con sentido de urgencia.