Lee la columna de Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el diario El Comercio ► https://bit.ly/3l3VpvZ
La democracia es la mejor forma de régimen político porque pone en el centro de sus principios y valores el pluralismo, el ejercicio de la libertad, el derecho a la disidencia, el derecho a asumir un rol crítico y de oposición al poder. Se renueva a través de la alternancia en el poder mediante elecciones libres y competitivas, de modo que quienes hoy ejercen el poder después lo pierden, y quienes no lo tienen hoy pueden tenerlo mañana. Se incentiva así el respeto a las reglas de juego y a los adversarios, se limita un enfrentamiento destructivo que ponga en riesgo el sistema. Por ejemplo, en los últimos días vimos cómo ante la posibilidad de excluir candidatos en competencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones por razones administrativas, diferentes instituciones y candidatos se pronunciaron en contra, aunque se tratara de adversarios y de candidaturas frente a las cuales se pudieran tener grandes discrepancias.
El desafío es que la democracia puede ser vulnerable a los ataques de actores que aprovechan las libertades y los recaudos para preservarla para minarla, sin abiertamente romper con la legalidad, pero apelando al miedo como estrategia en favor de sus intereses. Entre esos actores podrían estar desde organizaciones subversivas, que mediante el terror y la imposición pretenden tomar el poder, hasta grupos de interés y de poder que buscan beneficios y privilegios económicos perjudicando gravemente a los demás; o grupos que mediante mentiras y demagogia exaltan prejuicios e instintos primarios para generar un clima que legitime sus intereses políticos.
Pero, ¿cuál debe ser la respuesta ante formas desleales de oposición? ¿Cómo definir la línea que divide el derecho a la crítica y a la oposición de incurrir en la desestabilización? Una respuesta exagerada va en contra de principios democráticos esenciales; pero la democracia tampoco puede ser boba y simplemente dejarse liquidar. En situaciones excepcionales, en medio de una gravísima emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, una democracia puede decretar estados de emergencia, suspender temporalmente derechos ciudadanos, siempre sujeta, por supuesto, a revisión y rendición de cuentas. En medio de esto, propalar información tendenciosa de manera irresponsable, que puede tener graves efectos sobre la salud pública, requiere una respuesta enérgica.
Pero también está el riesgo de la creciente judicialización de la actividad política, por lo que lo que debería funcionar es una sanción política y ciudadana. Los actores políticos y sociales leales con la democracia deben tomar partido claro, condenar y aislar a los intentos desestabilizadores. Acá no solo ha habido una mala práctica o un error periodístico, sino una manera irresponsable de hacer oposición que puede tener graves consecuencias sobre la vida de las personas. Es positivo entonces que en los últimos días se hayan pronunciado en contra de las campañas de desinformación el Colegio Médico, el Colegio de Biólogos, o el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Cabe destacar los pronunciamientos de diferentes candidatos presidenciales, especialmente de quienes se expresaron también en contra de la exclusión de competidores.
En suma, la democracia tiene herramientas para responder democráticamente a sus amenazas. La clave es no ponernos de lado en momentos como este.