Lee la columna de nuestra investigadora principal, Carolina Trivelli ► https://bit.ly/2MHl3s5
En su columna del último fin de semana en El Comercio, Magali Silva señala que deberían acordarse un conjunto de metas en asuntos sociales para que sean parte de la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Si bien su argumento de fondo es cierto –sin invertir en las personas, en su bienestar y oportunidades es imposible lograr mayor competitividad y productividad-, sería mejor discutir y acordar de manera independiente un conjunto de metas y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de todos los peruanos.
Es una idea que se ha planteado antes. Pero sigue pendiente que nos pongamos de acuerdo sobre los “mínimos” a los que todo peruano debe acceder por derecho para en base a ello definir políticas, estrategias, planes y programas para alcanzarlos.
Si bien buena parte de dichos “mínimos” ya está en distintos acuerdos y compromisos, no lo tenemos en un solo gran acuerdo, ni hemos trabajado en su consistencia y priorización. Parte de estos acuerdos están en el Acuerdo Nacional, en el Proyecto Educativo Nacional, en la Estrategia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer, etc. Es más, muchos de estos “mínimos” están recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a cuyo cumplimiento el Perú se ha comprometido al año 2030.
Hay evidencia de los avances en buena parte de los mínimos sociales: la reducción de la pobreza, la menor desnutrición crónica, la cobertura prácticamente universal de la educación primaria, la expansión de la cobertura de los servicios de agua, electricidad y del Seguro Integral de Salud, entre otros.
También hay indicadores que dan cuenta de áreas en las cuales aun hay que renovar esfuerzos, innovar y encontrar formas efectivas y sostenibles de proveer servicios: anemia, sobrepeso y obesidad, empleo decente, conexión a servicios de internet, etc.
Y existe también un número no menor de estrategias para asegurar estos mínimos para poblaciones particularmente vulnerables, como la Estrategia “Primero la Infancia” para el desarrollo infantil temprano, por ejemplo.
Además de la limitada articulación de todos estos esfuerzos, hay dos enormes tareas pendientes. Primero, pasar de metas de acceso y cobertura a metas de calidad a las cuales las poblaciones acceden a los servicios, sobre todo las más vulnerables.
Segundo, dejar de ver promedios nacionales para pasar a evaluar indicadores en los territorios que aseguren que la provisión de estos “mínimos” no reproduce -ni agrava- las desigualdades entre lo rural y lo urbano, entre los territorios indígenas y el resto, entre Lima y las otras regiones del país, entre ciudades grandes y pueblos pequeños, etc.
Por ello, aprovechando la Visión del Perú al 2050 que ha lanzado el CEPLAN y aprobado el Acuerdo Nacional, como primer paso se puede no solo ordenar el conjunto de acciones y planes en materia social, sino también discutir lo que ya se está haciendo y qué de todo ello debe (o puede) aportar a generar un conjunto relevante de garantías mínimas para todos los peruanos.
Partiendo de la definición de qué estamos dispuestos a considerar como piso mínimo, se tendría que generar un buen sistema de monitoreo y evaluación que permita incorporar indicadores de calidad de los servicios incluidos y su logro en todo el territorio y para todos los grupos de ciudadanos. A partir de ello se contaría con una planificación presupuestal y de recursos humanos adecuada para asegurar su cumplimiento.
Articular esta mirada global del paquete mínimo de bienestar al que debe acceder todo peruano sería un paso valioso para ordenar nuestras políticas e intervenciones a favor de una sociedad más justa, y un aporte vital para cualquier estrategia de competitividad y productividad de largo plazo.