COMUNICADO
1. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)que suscribimos este comunicado, realizamos actividades vinculadas a la investigación y promoción del desarrollo desde posiciones independientes y críticas. Procuramos cumplir con lo que propugnamos y nos guiamos por los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
2. La Ley 28925 que modifica las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el pretexto de hacer más transparente la actuación de las ONG, en realidad recorta libertades, derechos y garantías que la Constitución establece a favor de las personas jurídicas de derecho privado. Con esta ley el gobierno podrá proscribir asociaciones civiles que considere incómodas.
3. En defensa de las libertades civiles atropelladas, impugnaremos la Ley 28925 ante el Tribunal Constitucional y denunciaremos enérgicamente los verdaderos propósitos que la animaron.
- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
- Centro de Investigación Social y Educación Popular (ALTERNATIVA)
- Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL)
- Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
- Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
- Ciudadanos al Día (CAD)
- Comisión Andina de Juristas (CAJ)
- Consejo Nacional para la Etica Pública (PROETICA)
- Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME)
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
- Coordinadora Nacional de Radio (CNR)
- Fomento de la Vida (FOVIDA)
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Instituto Bartolomé de las Casas (IBC)
- Instituto de Defensa Legal (IDL)
- Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
- Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
- Movimiento Manuela Ramos
Publicado en el diario Perú 21, 19 de diciembre de 2006