Lee la columna de nuestra investigadora principal, Carolina Trivelli ► https://bit.ly/320QhPj
El título hace referencia a variables que siempre exigimos a nuestros líderes. Queremos avances sustantivos en esas cuatro dimensiones (y en muchas más) como base para el desarrollo, para incrementar el bienestar de las peruanos, para la sostenibilidad, para fortalecer (o crear) institucionalidad, etc.
Cada uno de esos objetivos requiere acciones para lograr avances. Sabemos que es mala idea andar proponiendo varios objetivos para cada acción, porque terminan siendo un enredo que muchas veces no logra ninguno de los que se proponen. Mejor es pensar en un objetivo, una acción.
A pesar de ello, hay algunas acciones, básicas y transversales, que sirven para avanzar en casi todos los objetivos mencionados. Por ejemplo, tener un muy buen sistema de identificación (nuestro DNI), es clave para implementar con éxito muchas acciones a favor del desarrollo, del crecimiento, de la equidad, etc. Un buen sistema de identidad es bueno y punto, y es útil para casi todo. La implementación de este ha tomado años y, sigue presentando desafíos para ser mejor, en específico para ser más eficiente, pero tenemos un buen sistema, prácticamente con cobertura universal y que funciona. De este sistema dependen muchos servicios públicos, como salud, seguridad, tributación, elecciones, entre otros, y privados, como los servicios financieros, por citar un ejemplo.
Es por ello que, además de identificar las acciones y los instrumentos que se requieren para avanzar en cada uno de estos nobles objetivos –crecer, formalizar, ganar competitividad y equidad-, hay que encontrar más ejemplos como el del DNI. En otras palabras, es necesario buscar hechos transversales que sirvan para facilitar acciones y potenciar su impacto en el bienestar del país, de sus instituciones y en el progreso.
Por suerte hay varias acciones adicionales que cumplen dicha función. Un buen ejemplo de acciones de efecto positivo múltiple, es el de la inclusión financiera. Tener más inclusión financiera –al menos alcanzar el nivel de nuestros vecinos o el promedio de la región- tendría amplios beneficios: para las personas y los empresarios pero también para el crecimiento, la formalización y la competitividad. Esto se debe a que esta facilita el crecimiento, reduce la pobreza y la desigualdad, formaliza y nos hace más competitivos. La aparición de estas ventajas está demostrada en múltiples estudios.
Mayor inclusión financiera nos hace más eficientes -nos permite usar mejor nuestros recursos-, incrementa nuestra seguridad y, nos hace más competitivos. También, nos hace más formales, pues evidencia el proceso económico en el que estamos inmersos, incluso si es una actividad informal. Todo se vuelve trazable y ello es la base de un proceso de formalización -de facto-. Un vendedor que realiza sus ventas a través de un proceso de pagos del sistema financiero, puede, con ello, hacerse de una historia; es decir, puede demostrar su nivel de actividad, la frecuencia y monto de sus transacciones. Esta es información valiosa que puede abrirle oportunidades de crédito, de manejo de estacionalidad, etc. Además, puede ayudar a que su negocio crezca.
En el Perú tenemos bajísimos niveles de inclusión financiera. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el 2018, a penas el 37% de los adultos tiene una cuenta en el sistema financiero, menos del 8% tiene una tarjeta de crédito, más del 95% de las transacciones se hacen con dinero en efectivo, etc. Incluso en las ciudades más grandes, el porcentaje de adultos con una cuenta en el sistema financiero apenas bordea el 45% y menos de 13% tiene una tarjeta de crédito. Esto quiere decir que seguimos siendo un país que se maneja en efectivo, a contracorriente de las tendencias globales. En el mundo, hoy más del 69% de los adultos al menos tienen una cuenta en el sistema financiero. Por lo tanto, estamos muy rezagados.
Desde el 2015, en el Perú, tenemos una Estrategia de Inclusión Financiera -en proceso de actualización-. También, tenemos un renovado liderazgo en la unidad de implementación de las acciones a favor de la inclusión financiera –con el pase de la Secretaría de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)-. Asimismo, tenemos un sector financiero diverso -bancos, financieras, cajas municipales y rurales, Edpymes, empresas emisoras de dinero electrónico- a las que le va muy bien. Finalmente, tenemos una buena regulación, reconocida internacionalmente, y tenemos un banco público con presencia en casi todo el territorio que además genera utilidades (el Banco de la Nación).
A pesar de tener todas estas buenas condiciones, no avanzamos. No hay razón para que con todo lo anterior a nuestro favor no avancemos en inclusión financiera. Entonces, falta acción, falta obligarnos a hacerlo y falta que el sector público nos lo exija.
Con más inclusión financiera, creceremos más. Esto se debe a que los más pobres tendrán más y mejores instrumentos para enfrentar su vulnerabilidad, los informales comenzarán a hacerse visibles, a dejar rastro y, con ello, podrán acceder a más y mejores servicios, y a productos financieros que los ayudarán a crecer. Así, seremos un país más formal, justo y competitivo. Por eso, no se entiende por qué no se toman acciones a favor de ella.
El sector público ha dejado el tema en la congeladora, ni siquiera en piloto automático. El sector privado, por su parte, está más concentrado en competir por los clientes ya incluidos financieramente que en atraer a nuevos clientes. Para lograr mayor inclusión financiera, hay que cambiar esta dinámica y tomar acciones, desde el sector público y desde el privado.
La inclusión financiera sirve para todos los propósitos del título de este artículo y tiene pocos opositores (y ninguno de ellos legítimo). Lo que falta es voluntad y velocidad; falta exigencia.
Así como la inclusión financiera, hay otros ejemplos que cumplen el requisito de apuntar a todos los objetivos del título de este artículo. Sería bueno tener una lista de cinco, diez, veinte acciones que, así como la inclusión financiera, contribuyan con todos esos objetivos, y que dichas acciones sean parte central, básica, de la agenda nacional.