Esta columna fue escrita por uno de los ganadores del concurso de ensayos ENADES 2022. Puedes leer el ensayo completo aquí
En la mayoría de las sociedades, es muy común que muchas personas crean que quienes viven en condiciones de pobreza son responsables de su situación o no se esfuerzan lo suficiente por remediarlo. De hecho, la primera Encuesta nacional de percepción de desigualdades (Enades 2022) evidenció que el 39% de la población está de acuerdo en que “las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades” y 35% señala que “en Perú todos tenemos iguales oportunidades para salir de la pobreza”.
Estos resultados muestran que más de un tercio de la población peruana desconoce que la pobreza está vinculada con la desigualdad desde diversos ámbitos: ingresos, género, etnia, ámbito geográfico y edad (Cepal 2016: 96). Así, muchas personas ven limitado su acceso a servicios públicos, lo que ocasiona que estas desventajas perduren e impidan que aquellas que son vulnerables puedan mejorar sus condiciones de vida. En otras palabras, este grupo de la población queda atrapado en una “trampa de pobreza”.
Ante ello, resulta interesante entender cuáles son las consecuencias de estas desigualdades. Por ejemplo, el acceso desigual a servicios de educación y salud reduce las capacidades y oportunidades de las personas para elevar su calidad de vida. Además, limita el crecimiento económico al obstaculizar el impulso de la innovación y productividad (Cepal 2018). En ese sentido, contar con una medición o al menos tener una noción de cuál es la situación de la desigualdad en Perú es fundamental.
Al respecto, el año pasado fue publicada la Enades 2022 con el propósito de conocer las percepciones, las causas y la tolerancia frente a la desigualdad en Perú. Con el objetivo de hallar perfiles sobre cómo se relacionan estas variables, en mi ensayo se empleó un análisis mediante mapas perceptuales. Se encontró así que las personas que pertenecen al nivel socioeconómico de menores ingresos (NSE E), que viven en zonas rurales, con educación básica y que no estudian ni trabajan perciben un bajo nivel de desigualdad frente a aquellas que viven en condiciones más favorables.
Otro aspecto a destacar es que gran parte de la población percibe que el acceso a justicia (83%) y salud (70%) es desigual. Se encontró que existe un mayor nivel de percepción de desigualdad según el nivel socioeconómico, pero solo en el acceso a salud. Así, 8 de cada 10 peruanos que pertenecen al nivel socioeconómico de mayores ingresos (NSE A) perciben mucha de esta desigualdad, mientras que en el caso de los peruanos del NSE E es una proporción ligeramente menor.
Por otro lado, entre las causas que originan una mayor desigualdad —reflejadas en las ventajas para tener una mejor posición económica— se evidenció que aproximadamente 3 de cada 4 peruanos consideran que la educación brinda dicha ventaja; y es más valorada en los NSE C (77,8%), D (77,1%) y en las zonas urbanas (76,6%). Sin embargo, en las personas pertenecientes al NSE E esta valoración es menor respecto a la de sus pares debido a que hablar bien el castellano y ser hombre reciben una mayor atención relativa.
Entre otras causas de la desigualdad están provenir de una familia rica, hablar bien el castellano, ser hombre o ser blanco. De hecho, hablar bien el castellano, ser hombre y ser blanco son ventajas más percibidas en el ámbito rural que en el urbano y Lima Metropolitana. Entre tanto, la atribución de la ventaja por provenir de una familia rica está más relacionada con quienes pertenecen a los NSE A y B, y en menor medida con aquellos que tienen de 18 a 24 años, viven en Lima o han alcanzado educación superior.
Al analizar la tolerancia a la desigualdad resultó que casi la mitad de los peruanos considera que es inaceptable; cerca de un 30% aceptable y 24% toma una posición neutral. La desigualdad es valorada como inaceptable por las personas pertenecientes al NSE A (55,8%) y B (51,5%) en mayor porcentaje que en C (44,2%), D (49,1%) y E (43,7%). Asimismo, esta percepción es más frecuente en aquellas personas cuya identificación ideológica es de izquierda —quienes consideran que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado— y entre los que han alcanzado educación superior.
En general, el análisis de la Enades 2022 señala que las personas que afrontan condiciones sociales desfavorables perciben una menor desigualdad en el país y que esta situación es aceptable. Esta situación dista mucho de lo que la intuición puede llevar a pensar y permite preguntarse: ¿qué condiciones propias de las personas con mayores carencias económicas y de vida conducen a tener una determinada posición frente a la desigualdad? ¿Hay condiciones sociales que influyen en la “normalización” de este fenómeno?
Una hipótesis planteada en este ensayo es que una menor percepción de desigualdad y mayor tolerancia hacia ella no necesariamente implica que las personas se han acostumbrado a vivir en esas condiciones o lo han “normalizado”. Muchas veces, estas personas padecen múltiples limitaciones, como no acceder a educación de calidad, no recibir servicios de salud de manera oportuna, no contar con un empleo adecuado o estable y, con ello, no tener los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades.
Esta situación ocasiona que estas personas otorguen distintas prioridades a esas necesidades, buscando atender las más vitales frente a las que resultan menos “importantes” desde su punto de vista (Balboni et ál. 2022). Al respecto, cerca del 80% de los trabajadores en Perú labora ganando por debajo del salario mínimo, sin un sistema de protección social ante cualquier eventualidad y, muchas veces, obteniendo ingresos para su día a día, lo que los lleva a atender solo necesidades básicas sin tener la oportunidad de planificar acciones a futuro para mejor el bienestar suyo y el de su familia.
La educación es una de esas otras necesidades que muchas veces las personas de escasos recursos deciden no planificar, al no ser considerada un factor que da ventaja para una mejor posición económica. De hecho, la Enades 2022 refleja que la educación es ligeramente menos valorada por las personas pertenecientes al NSE E que en otros niveles socioeconómicos. Como consecuencia, esta menor valoración podría complicar el tránsito de las personas pobres hacia una mejor situación económica y que las siguientes generaciones no puedan experimentar movilidad social.
El acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones en condiciones equitativas y sin exclusiones permite elevar la calidad de vida de las personas. Sus mejoras tienen resultados positivos en lograr adecuados niveles de nutrición, menor mortalidad infantil, mejor comodidad en los hogares, buena salud e integración social (Dammert y García 2011). Sin embargo, aún hay brechas por atender en los hogares peruanos, en especial los más vulnerables. A 2021, la pobreza medida por las necesidades básicas insatisfechas —ausencia de servicios de vivienda, educación, salud, infraestructura pública, entre otras— afectaba al 16% de la población peruana.
Otro aspecto a considerar es la situación del mercado laboral. Según Casas (2020), las múltiples desigualdades se manifiestan en cómo las personas logran su inserción en el mercado laboral, ya que este actúa como un nexo entre el aspecto económico y social de las personas. Si bien el empleo se ha recuperado y superado niveles registrados antes de la pandemia, gran parte de esa recuperación se ha debido a la creación de empleo informal y mayor subempleo. Estas condiciones laborales resultan preocupantes, ya que se perciben ingresos por debajo del salario mínimo en un contexto de alta inflación.
Entonces, ¿qué se puede hacer para empezar a reducir la desigualdad en Perú? En principio, es necesario entender que esta problemática es estructural, y requiere un esfuerzo multisectorial del Estado como ente articulador. La adecuada provisión de servicios públicos de calidad en educación, salud e infraestructura puede marcar la diferencia en los esfuerzos por reducir la desigualdad y la pobreza. En consecuencia, las personas vulnerables podrían desarrollar capacidades y acceder a un mayor número de oportunidades.
En tanto, el Estado debe contar con recursos económicos suficientes para proveer servicios públicos de calidad. Para ello, es necesario promover una mayor recaudación tributaria, pero no solo optando por ampliar la base, sino adoptar medidas más eficaces frente a la evasión y elusión de impuestos, además de impulsar la inversión privada para la generación de empleo formal y productivo, y la inversión pública con el fin de brindar infraestructura y condiciones adecuadas para el dinamismo de los sectores que se materializan con la ejecución del presupuesto público.
La desigualdad y sus consecuencias representan un obstáculo para la mayoría de peruanas y peruanos. En ese sentido, se deben implementar medidas intersectoriales de un Estado que funcione y realmente esté enfocado en atender a la población vulnerable y a la primera infancia; pero se debe actuar ya, sobre todo con el segundo grupo, pues son quienes empiezan a forjar su camino, y qué mejor que todos los esfuerzos se centren en hacer que, desde un inicio, ese camino se encuentre libre de obstáculos, libre de desigualdad.
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* Licenciado en economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es investigador en la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) y asistente de investigación en el Laboratorio de Innovación en Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Referencias:
Balboni, Clare, Oriana Bandiera, Robin Burgess, Maitreesh Ghatak y Anton Heil (2022). “Why Do People Stay Poor?”. The Quarterly Journal of Economics, vol. 137, n.º 2: 785-844. https://doi.org/10.1093/qje/qjab045
Casas, Julián (2020). “Develando el vínculo entre la desigualdad y la pobreza”. Apuntes del Cenes, vol. 39, n.º 69: 39-68. https://doi.org/10.19053/01203053.v39.n69.2020.9197
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016). I reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). La ineficiencia de la desigualdad. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/43442-la-ineficiencia-la-desigualdad>.
Dammert, Alfredo y Raúl García (2011). “El rol del Estado en el acceso igualitario a los servicios públicos: evaluación y agenda pendiente”. En Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones, pp. 197-234. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: <https://ideas.repec.org/h/pcp/pucchp/lde-2011-02-06.html> (última consulta: 12/02/23).