Martín Tanaka, investigador principal del IEP, fue entrevistado por Enrique Patriau, del diario La República. Lee la publicación original en el siguiente enlace ► https://bit.ly/3Hg1DUB
Usted ha afirmado que la atención suele centrarse en los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que hay otros sectores en pugna, no representados orgánicamente, pero con influencia. ¿A quiénes se refiere?
Hay un trasfondo de lo que sucede en la arena parlamentaria donde hay un sector de derecha muy conservador, que se ha ido organizando y radicalizando, que siente que ha perdido posiciones y está haciendo un esfuerzo articulado por recuperar su influencia. Han tenido un logro importante con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que ha sido posible porque al grupo conservador de derecha se ha sumado un grupo de extrema izquierda que también es muy conservador en términos de ciertos valores. Del otro lado, hay un grupo más liberal, de centro, que ha apostado por reformas institucionales que ha permitido esa especie de alianza entre un sector liberal de derecha y uno antifujimorista más de izquierda. Eso permitió que avancen cosas como la reforma universitaria.
¿Esa alianza entre las derechas e izquierdas conservadoras desplaza a la más liberal?
Sí. Lo que ocurría en el Perú hasta el 2016 era que, espontáneamente, hubo una especie de confluencia entre este sector liberal de derecha y promercado que también pensaba que algunas reformas eran importantes y que coincidía con una izquierda antifujimorista. Había un centro político más fuerte donde quedaban fuera la izquierda más radical y una derecha más vinculada al fujimorismo más duro. En el último tiempo, el centro se ha debilitado y se han fortalecido estos extremos que, extrañamente, convergen para algunas cosas.
¿Ve el peligro de un quiebre democrático?
Creo que sí. No un quiebre abierto, convencional, tipo golpe de Estado militar, pero sí un estiramiento de las reglas constitucionales al punto de volverlas irreconocibles, para darle un manto de legalidad a lo que podría ser una ruptura. Por ejemplo, la declaratoria de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Eso es un estiramiento de la norma para justificar una decisión política. Vivimos un entrampamiento muy peculiar. Es un dilema: hay que defender las instituciones, pero es cierto que el Gobierno se ha puesto en una situación muy difícil de defender y sostener, porque hay acusaciones muy graves y desde la presidencia no hay reacción…
Quizás le interesa mantener las cosas así. Hay quienes piensan que entre ambos poderes existe una convivencia de facto: se dicen de todo, pero no van más allá de lo retórico.
Sí. Y hay una amplia zona de acuerdos en términos más conservadores y populistas. La izquierda ha abandonado algunas banderas institucionalistas que antes defendía y la derecha se ha vuelto populista. Es una paradoja en la que el fujimorismo, que era el defensor de la Constitución del 93, ahora plantea una reforma constitucional que cambia muchas cosas que supuestamente defiende, o aprueba iniciativas en contra de la economía de mercado que, en teoría, defendía. En eso coincide con una parte de la izquierda que maneja un discurso simplón sobre la solución a los problemas.
¿Las nuevas elecciones generales podrían ser una salida?
Es un escenario que no es deseable, pero tal vez sea uno inevitable. El Gobierno pierde respaldo, incurre en errores sobre asuntos críticos y no da señales de ser mínimamente consciente de la gravedad de la situación y hacer correcciones. Lo ideal sería que el Gobierno reaccionara y se relanzara y que ponga por delante objetivos de política antes de la lógica de colocar gente cercana sin importar para qué. En la medida que eso no ocurre, empieza a ser verosímil que el Congreso, a través de una reforma constitucional, permita el adelanto de elecciones.
Un Congreso presidido por una persona a quien se le ha escuchado audios con frases poco felices.
Un Congreso que no tiene mucho entusiasmo con la idea de irse y perder sus años de mandato parlamentario. Por eso todos dicen que estamos mal, que esto es insostenible, pero no hay una salida a la mano. En esa inercia nos seguimos deteriorando.
Entonces, la otra salida sería mantener la nave a flote como se pueda, hasta el 2026.
Me parece que esa es la apuesta, el cálculo en el que están los actores políticos, Gobierno y bancadas. Pero esto puede cambiar en la medida que los problemas del país se agraven y se generen movilizaciones y protestas. Ahora se discute, por ejemplo, sobre una posible crisis alimentaria, con un impacto fuerte sobre el precio de los alimentos. No olvidemos tampoco que hemos tenido episodios de protestas muy fuertes en la región central hace unos meses, asociadas a este tipo de cuestiones, precios de combustibles, fertilizantes. Si estos problemas se agravan, podríamos ver una ola de protestas importante.
Ya que menciona las movilizaciones. ¿El informe del congresista Alejandro Cavero que exonera de responsabilidad a las autoridades del régimen de Manuel Merino es una expresión de la alianza conservadora de la que hablábamos?
Me parece que sí. Uno mira los personajes involucrados en la acusación constitucional, al congresista y a la bancada a la que pertenece, al sector al que representa y, efectivamente, hay una buena manifestación de este sector conservador que está queriendo recuperar posiciones. El gran problema del informe del congresista Cavero es que no ha tomado en serio y no ha explorado, ni sometido a verificación las múltiples denuncias de los excesos que parecerían sugerir la existencia de un patrón. Solamente ha recogido la información oficial que, obviamente, descarta cualquier orden vinculada a excesos en la represión. Es, claramente, un informe muy parcializado y eso refleja que no ha estado guiado por el esclarecimiento de la verdad, sino que ha sido muy rápido en exculpar a los presuntos responsables.