En respuesta a los crecientes desafíos actuales para lograr que la agricultura contribuya al desarrollo de los países de la región, un grupo de profesionales integrados en el Panel Independiente sobre Agricultura para el Desarrollo de América Latina (PIADAL), analizaron una serie de estrategias y políticas para potenciar la agricultura y sus posibles escenarios, creando propuestas y sugerencias que promuevan el crecimiento agropecuario sostenido.
Es así que se concibió el documento “Agricultura y Desarrollo en América Latina: Gobernanza y Políticas Públicas”, que será presentado este 25 de junio en una reunión del PIADAL en nuestra sede principal. El texto es un esfuerzo conjunto de especialistas del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, SIDESA de Costa Rica, RIMISP de Chile, el Grupo CEO/FORGES de Argentina y el IEP.
La citada publicación valora diversas experiencias que permiten apreciar las contribuciones de la agricultura al crecimiento económico, al desarrollo de los territorios rurales, a la mejora de la seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza rural y la mitigación de los impactos negativos en el medio ambiente.
El evento contará con la presencia de Milton Von Hesse, ministro de Agricultura; Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, quienes debatirán el documento junto a los especialistas, entre los que se encuentra nuestra directora general Roxana Barrantes.
Cambio político fundamental
El análisis realizado en el documento destaca tres problemas principales que aquejan a la política sectorial y que deberían ser los elementos más importantes en una nueva agenda del desarrollo agropecuario y rural.
El primero es que el sector no tiene el reconocimiento y la jerarquía política que debería tener en función de su importancia en la estructura económica de la mayoría de los países de la región. El segundo problema se refiere a la estructura del gasto, que necesita ser cambiada, reduciendo el peso de los bienes privados, especialmente en relación a los subsidios netos a los ingresos de los productores de mayores ingresos y a las regiones más ricas, así como ir aumentando proporcionalmente el gasto en bienes públicos.
Finalmente, el tercer problema radica en la necesidad de reexaminar la institucionalidad del sector, es decir, el conjunto de normas y organizaciones responsables de la política agrícola en un sentido amplio y de las capacidades y funcionamiento de estas últimas.
Para incorporar esta nueva visión a la definición de la política agropecuaria se requiere una nueva dinámica política. Este cambio político no consiste únicamente en que haya un mayor reconocimiento de la importancia del sector agrícola ampliado y, consiguientemente, mayores presupuestos. También es necesario introducir cambios importantes en los procesos políticos que lleven a la definición de las estrategias y políticas públicas para el sector.
Cabe resaltar que sin un cambio político, un mayor gasto público no asegura una solución de fondo a los problemas persistentes ni una creación de las nuevas capacidades que son necesarias para enfrentar los desafíos del futuro. Los llamados a cambiar la estructura del gasto público o a modernizar la institucionalidad sectorial, sin cambiar los actores que determinan los contenidos de dichos objetivos, tendrán impactos muy limitados pues “se gasta como se gasta porque eso es lo que más conviene a quienes tienen la mayor influencia en la decisión de en qué, cómo y dónde gastar”, precisa el documento.
Foto: ElComercio.pe