Lee la columna de nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes ► https://bit.ly/2GA0WYi
La amplia mayoría de peruanos que declara profesar alguna religión puede ser la razón que explique la aceptación de la injerencia religiosa en el debate social y político.
En cuanto a cifras, según el último censo nacional (2017), el 94,9% de personas de 12 años a más profesa alguna religión. De estas, la mayoría sigue siendo católica, aunque en una proporción menor: mientras que en el 2007 el 81,3% se declaraba católico, en el 2017 la cifra se redujo al 76%. Por otro lado, el porcentaje de la población que se declara evangélica aumentó de 12,5% a 14,1%; el de la población que tiene alguna otra religión pasó de 3,3% a 4,8%; y el de la población que no tiene ninguna religión creció de 2,9% a 5,1%.
En cuanto a injerencia, en 2014, CPI mostró que el 83% de los encuestados cree que la iglesia católica debería emitir opiniones sobre temas de educación, en tanto que un importante 30% cree que debe hacerlo en materia política. En 2017, el Instituto de Opinión Pública de la PUCP encontró que un 47,9% de encuestados está en desacuerdo con la frase “las autoridades religiosas no deberían intervenir en las decisiones de gobierno” y un 41,1% concuerda con la frase “sería positivo para el Perú si más personas con fuertes creencias religiosas formaran parte del gobierno”.
Entonces, ¿Deberíamos estar sorprendidos de los cuantiosos recursos del Tesoro Público que reciben las iglesias? Por ejemplo, amparada en el Concordato con el Estado Vaticano, formalizado en julio de 1980, la iglesia católica recibe importantes subvenciones por parte del Estado. Luego, se promulgaron otras normas que favorecen tanto a la iglesia católica como a otras entidades religiosas, con exenciones tributarias del IGV o del impuesto predial.
En diciembre de 2018, el Congreso de la República decidió prorrogar la exoneración del pago del Impuesto a la Renta a las iglesias no católicas hasta el 2020. Para el año fiscal 2019, la ley de presupuesto destina S/2’ 603.000 a la Iglesia Católica a través de una transferencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La cifra parece menuda, pero no lo es, si la comparamos con otros montos destinados a instituciones cuyo fin es la educación, la ciencia, la investigación o el deporte. Por ejemplo, del Tesoro Público, salen S/100.000 para la Academia Nacional de Ciencias; S/255.275 a la Academia Peruana de la Lengua; S/860.000 a la Sociedad Geográfica de Lima; S/412.519 a la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez y S/275.000 a la Asociación Nacional Paralímpica.
Estas transferencias monetarias, así como las exoneraciones en el pago del IGV, del ISC, del impuesto predial, del Impuesto a la Renta y del impuesto vehicular, nos hacen preguntarnos si efectivamente nuestro estado es laico. La realidad nos muestra que no lo es.