El pasado 29 de abril se realizó la mesa verde «La nueva Ley APCI: Cuál es el impacto para la sociedad civil», en el marco de las actividades del Fondo de Innovación y Fortalecimiento de la Sociedad Civil Peruana (FIF-PERÚ), proyecto gestionado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), con el apoyo de Fundación Ford y de la Fundación Gordon and Betty Moore.
El evento contó con la participación de Isabel Calle y Wendy Ancieta, directora general y coordinadora jurídica de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) respectivamente, quienes presentaron un riguroso análisis técnico de la normativa. Los comentarios estuvieron a cargo de Tania Pariona, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y Jorge Morel, director general del IEP.
La mesa abordó el contexto nacional e internacional en torno a las amenazas hacia la sociedad civil, destacando el avance de tendencias autoritarias y los retrocesos en el ejercicio democrático. El equipo de SPDA señaló que las modificaciones introducidas en la nueva Ley APCI podrían limitar significativamente el accionar de las organizaciones no gubernamentales (ONG), perjudicando tanto a las poblaciones beneficiarias de los proyectos de desarrollo como al ejercicio de derechos cívicos fundamentales, como la libertad de asociación y la vigilancia ciudadana. A la exposición, Tania Pariona añadió que iniciativas orientadas al acceso a la justicia podrían verse afectadas si se utiliza de manera discrecional la facultad estatal de autorizar o denegar proyectos. Aunque el principal argumento a favor de la nueva Ley es la necesidad de mayor fiscalización, se resaltó que mecanismos de este tipo ya existen en el marco normativo actual.
En la presentación se enfatizó que la norma aprobada no solo añade mayores exigencias —que pueden afectar la sostenibilidad de algunas organizaciones de la sociedad civil, particularmente las de menor escala— sino que también presionará al aparato público que deberá implementar las medidas aprobadas. Las representantes de la SPDA también recalcaron la preocupación por los espacios discrecionales que la norma abre para prohibir, limitar o condicionar las actividades de las organizaciones civiles, así como la inclusión de causales de extinción y multas sin suficientes controles sobre las mismas.
La mesa representó un valioso espacio de reflexión colectiva sobre los posibles impactos de la nueva Ley APCI en el debilitamiento del ejercicio democrático y la defensa de los derechos humanos en el Perú.
El evento contó con una activa participación del público, y las intervenciones invitaron a una reflexión conjunta sobre las posibles estrategias de respuesta desde la sociedad civil y el rol que podría desempeñar la cooperación internacional frente a estas amenazas. Ante este escenario, se destacó la importancia fundamental de emprender acciones para la revisión de las modificaciones introducidas por la nueva ley, dirigiendo los esfuerzos tanto hacia las autoridades competentes como a la ciudadanía en general.
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