En el discurso de investidura presidencial, en el 2006, Alan García planteó los principales lineamientos de lo que sería la política educativa de su segundo gobierno. Fue entonces cuando se anunció, por ejemplo, la descentralización educativa a través de la municipalización de la educación primaria, la necesidad de contar con indicadores de calidad educativa evaluables y comparables, la importancia de la jornada escolar completa, el programa de formación permanente de maestros en convenio con las universidades, la erradicación del analfabetismo, la acreditación de instituciones de formación de maestros y la mejora de la infraestructura educativa.
Estas medidas –la gran mayoría ausentes durante la campaña electoral– se fueron plasmando año a año. Se comenzó con el plan piloto de municipalización (iniciado en el 2006), la evaluación censal de estudiantes y docentes (realizada por primera vez a fines del 2006), el incremento de una hora lectiva diaria (a partir del 2007), el programa una laptop por niño –que provee de computadoras personales a estudiantes de primaria en zonas rurales en 2007–, el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA, 2006-2011), el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente de maestros (PRONAFCAP, 2007-2011) y una serie de medidas vinculadas con la política docente, entre las cuales resaltan la promulgación de la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial (2007), la mejora de infraestructura de 47 Grandes Unidades Escolares o los llamados “Colegios Emblemáticos” a nivel nacional (2009) y la creación del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (2010) para estudiantes destacados de los Colegios Emblemáticos.
Este listado de las principales acciones del segundo gobierno de García en el sector, muestra una apuesta activa por la mejora de la educación y un despliegue de medidas, programas nacionales y planes piloto que abordan la problemática educativa desde distintos ángulos (descentralización educativa, mejora de infraestructura, formación de maestros, becas para estudiantes destacados, política magisterial, analfabetismo, evaluación y acreditación). A esto hay que sumar la permanencia del Ministro de Educación, José Antonio Chang, durante casi todo el periodo de gobierno, lo cual ha permitido dar sostenibilidad y coherencia a los programas y a los planes pilotos planteados inicialmente.
Dicho esto y reconociendo la multiplicidad de iniciativas del gobierno en el campo educativo, es necesario mencionar que varias de estas medidas se han llevado a cabo de espaldas y a pesar de los maestros y las maestras, y otras sin criterio de equidad ni pertinencia.
¿Soberbia e intolerancia o desconocimiento?
Un buen ejemplo para ilustrar el tipo de vínculo establecido entre el gobierno y los maestros se observa en la forma en que se implementó la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial. Esta nueva una ley resulta fundamental para la profesionalización docente, ya que supone quebrar ciertas rigideces de la ley del profesorado (como la estabilidad laboral en la plaza, el cargo, el lugar y el centro de trabajo) y promover un sistema meritocrático en la carrera docente. Sin embargo, recordemos que el gobierno no solo decidió aprobar la ley entre gallos y media noche, como respuesta a la fuerte resistencia del SUTEP que había logrado convocar a una masiva huelga nacional, sino que también decidió arremeter contra el conjunto del magisterio. Cómo olvidar que, en medio de la tensión de la huelga, el presidente llamó “comechados” e “ignorantes” a los maestros, en una garrafal confusión entre el magisterio y el sindicato:
“Hay mucho comechado que no quiere ir a dar clases, que no quiere capacitarse, y cuando le ponen un libro delante es como si les tiraran una maldición”. (Palabras textuales de AGP, 10 de julio 2007).
Paradójicamente, la ley del profesorado –que el SUTEP defendía y el gobierno cuestionaba– es herencia aprista y fue aprobada pocos días antes del término del primer mandato de García. En esta ocasión, el gobierno aprista se sintió triunfante porque entendía que había logrado imponerse al SUTEP, cuando en realidad había deslegitimado una buena ley y maltratado a aquellos que debieron ser sus aliados.
Y probablemente ahí radique el talón de Aquiles de este gobierno: una explosiva combinación de soberbia e intolerancia: soberbia que se manifiesta en el creer que sabe qué es lo mejor para el “otro” y que, por tanto, puede prescindir de explicaciones; e intolerancia frente todo aquel que disiente, critica o cuestiona su forma de gobierno –un tipo de gobierno que, en buena cuenta, ha consistido en ningunear, ignorar y maltratar a los supuestos “beneficiarios”, y que, sin duda, encuentra su máxima expresión en el discurso presidencial del “perro del hortelano”.
Otro ejemplo de una “buena idea” con una cuestionable aplicación fue la medida que establecía que para ser estudiante de educación se debía pasar por un proceso riguroso de selección en el cual solo podían ser admitidos aquellos que obtuvieran una calificación igual o superior a 14. Nadie puede negar que elevar el prestigio y la exigencia en las instituciones de formación docente es una buena idea. Sin embargo, el criterio de la nota 14 tiene varias limitaciones para este objetivo. En primer lugar, se aplica exclusivamente a los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), y, por lo tanto la medida es parcial –la selección de estudiantes en facultades de educación se rige por la autonomía que les da la Ley Universitaria. En segundo lugar, esta medida, inicialmente no consideró la diversidad de escenarios y el impacto de este proceso de selección, por ejemplo, para institutos superiores que ofrecen la especialidad de educación bilingüe, es decir, para estudiantes de educación de origen indígena y con lengua materna distinta al castellano, los que se encuentran en una situación en desventaja frente a una prueba estandarizada. Finalmente, la mayoría de ISP –no solo los que ofrecen especialidades bilingües– se encuentran actualmente casi agonizando por falta de estudiantes, y algunos han optado por convertirse en Institutos Superiores Tecnológicos, otros han solicitando vacantes para nuevas especialidades de mayor demanda (computación e informática) y otros tendrán que cerrar sus puertas con la última promoción de estudiantes en el 2011. De esta manera la nota 14 lejos de lograr su meta explícita de elevar la calidad de los estudiantes, ha logrado otro objetivo: el de reducir drásticamente el número de ISP en funcionamiento. El problema es que esto se ha hecho sin ninguna planificación regional ni nacional, y se han visto afectados tanto los institutos mediocres como los prestigiosos.
Otro aspecto que vale la pena resaltar en la implementación de las medidas de este gobierno es la usual tentación política de privilegiar acciones visibles. Esto se puede apreciar en la ausencia de criterio de equidad del programa de Colegios Emblemáticos y la creación del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Esta medida no solo elige mejorar la infraestructura de las grandes unidades escolares ubicadas en las principales ciudades del país en detrimento de otras instituciones educativas con mayores necesidades, sino que deliberada y explícitamente señala que contaremos con un colegio público de calidad, el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, al cual solo podrán asistir un grupo selecto de estudiantes de los Colegios Emblemáticos. La política educativa pública no puede priorizar una educación elitista exclusiva para un sector de la población estudiantil urbana, ignorando que contamos con millones de estudiantes que asisten a más de 23 mil escuelas rurales –la gran mayoría con infraestructura y servicios básicos aún no cubiertos.
El local del Ministerio de Educación
En este recuento de medidas significativas, no podemos dejar de mencionar la obsesión de este gobierno en “promover la inversión privada”, aun a costa de los intereses de la población más necesitada o del Estado mismo. Expresión de esto en el sector educación es la súbita venta del local del Ministerio de Educación a un único postor –Inversiones San Borja S.A., del grupo Brescia– por medio de subasta pública en mayo de 2008.
Este fue, sin duda, un acto simbólico del lugar que ocuparon los servicios públicos y las poblaciones que se atienden en ellos para este gobierno. Al igual que la aprobación de la ley de Carrera Pública Magisterial, esta venta se dio sin mayores avisos, junto con otras ventas de locales públicos –probablemente más escandalosos que este en cuanto a su precio y negociación–, por lo que el caso del local del Ministerio de Educación (MINEDU) quedó invisibilizado en la discusión mediática.
Los funcionarios tuvieron sesenta días para desalojar el lugar y se acomodaron improvisada y “temporalmente” en el sótano del Museo de la Nación, donde permanecen precariamente instalados hasta el día de hoy, tres años después de la venta. Solo basta hacer una visita por el sótano del museo –con escasa ventilación e iluminación natural– para constatar las condiciones en las que trabajan estos funcionarios. La construcción del nuevo edificio al que se mudará el MINEDU ya puede verse; sin embargo, varios funcionarios incrédulos prevén que es muy pequeño y que “no van a entrar”.
Como se hizo público hace unas semanas, el nuevo edificio del MINEDU (derecha) es una copia del Edificio Palmas, en México (izquierda) (Foto y comparación de VentanAbierta)
El enorme local estatal en el que funcionaba el MINEDU, de más de 25 mil m2, se vendió en 13 millones de dólares, es decir a 510 dólares por m2. Según CAPECO, el precio por m2 en San Borja era 800 dólares en 2008 y 1059 en 2010. Por otro lado, la construcción del nuevo edificio va costando casi 17 millones de dólares –a la fecha, según el SNIP se han ejecutado S/. 49,087,655 en la construcción del nuevo edificio. La cuestión económica no se sustenta: ¿por qué un Estado en sostenido crecimiento tiene que deshacerse súbitamente de un local de estas dimensiones? ¿Era necesario desalojarlo de inmediato? En todo caso, ¿por qué no se negoció la permanencia en el local hasta que el nuevo edificio esté terminado? ¿Cuál era el apuro? ¿Quién fue entonces quien ganó en esta venta?
Equidad y pertinencia
No es el objetivo aquí hacer un balance de toda la gestión educativa del segundo gobierno aprista, sino más bien dar unos pincelazos de lo que se ha intentado hacer y cómo se ha llevado a cabo. (Un buen balance sobre el tema se encuentra en: La educación en los tiempos del APRA: Balance 2006-2009, publicado por Foro Educativo).
Sin duda, este gobierno puso como prioridad el tema de la calidad, pero también es cierto que descuidó su relación con los principales actores que cualquier cambio educativo supone: sus maestros. Asimismo, desestimó la diversidad de realidades educativas y la implicancia de ciertas políticas nacionales “pro-calidad” como la nota 14, que han tenido un fuerte impacto en la formación de futuros maestros bilingües y en el desmantelamiento de instituciones públicas prestigiosas de formación docente a nivel nacional. Finalmente, se cayó en la tentación de priorizar acciones visibles de baja relevancia educativa pero de gran significancia política –como los Colegios Emblemáticos o la propia creación del Colegio Mayor– descuidando el principio de equidad que debe regir la política educativa pública.
Ojalá la promesa electoral de Gana Perú de realizar una reforma educativa basada en los lineamientos del Proyecto Educativo Nacional (PEN) no caiga en las tentaciones de siempre. Urge priorizar políticas de Estado –y no programas y planes pilotos improvisados del gobierno de turno– que promuevan una educación de calidad con equidad y pertinencia, que permitan acortar brechas sociales y económicas para brindar reales oportunidades de desarrollo a millones de estudiantes que atienden la escuela pública.
La ministra de educación ha sido la última en definirse en el gabinete de estreno de Ollanta Humala, una señal de improvisación que desdice el discurso de campaña de Gana Perú que ponía el tema educativo como prioridad. Sin embargo, confiamos que la larga experiencia en el campo educativo de nuestra nueva ministra, Patricia Salas O’Brien, sabrá liderar las reformas que el sector requiere.
Fuente : Antiprensa