Texto original aquí: https://bit.ly/2MyZm9K
“Podemos encontrar funcionarios responsables y comprometidos, innovadores y dispuestos a servir al ciudadano», afirma la profesora principal del Dpto. de Economía de la PUCP e Investigadora del IEP
En medio del frío invierno, a tono con la sensación de pesimismo respecto a la administración pública y la administración de justicia en el país, recibimos en julio una buena noticia: la lista de buenas prácticas gubernamentales que, desde 2005, reconoce Ciudadanos al día (CAD) (http://www.ciudadanosaldia.org/que-hacemos/reconocimiento-ciudadano/premio-bpg.html).
Municipios, gobiernos regionales, organismos descentralizados, organismos autónomos, UGEL, comisarías, direcciones regionales, programas y otras entidades públicas se encuentran este año en el listado de Buenas Prácticas Gubernamentales (BPG), que el panel de expertos convocado por CAD reconoció.
No todo está perdido, es decir, nuestra patria cuenta con funcionarios dispuestos a servirnos. En estas diferentes instancias de la administración pública, podemos encontrar funcionarios responsables y comprometidos, innovadores y dispuestos a servir al ciudadano.
Pero no todo es color de rosa. La primera inquietud que surge es ¿cómo se hace la diseminación de este conocimiento? En otras palabras, ¿en qué medida una buena práctica de una entidad es internalizada por el sector público y, de esta manera, pasa a ser una buena práctica del gobierno?
Creo que ahora todo depende de la rotación de funcionarios. Muy pocas entidades ofrecen líneas de carrera, y las únicas posibilidades de mejora salarial y de ascenso en el nivel de responsabilidad provienen de la movilidad ocupacional. Esto es positivo en tanto disemina el conocimiento, pero también negativo, por cuanto una entidad pierde valioso personal. Es una lástima que Servir haya sido tan descuidado por el gobierno actual.
Una segunda inquietud es por qué más del 90% de las entidades reconocidas corresponden al poder ejecutivo. Una primera respuesta, en reconocimiento de lo obvio, es que el poder ejecutivo concentra numéricamente a los titulares de pliego.
Pero una segunda respuesta concierne a que el resto de poderes del Estado también provee servicios y garantizan derechos al ciudadano. Un ciudadano esperaría que también sean reconocidas como implementadoras de buenas prácticas las cortes de justicia, o las entidades del poder electoral. No es el caso en el Perú.
En esta edición 2018 del BPG, solamente se encuentra en la lista de BPG a: la Corte Superior de Justicia del Santa (Ancash); Corte Superior de Justicia Lima Sur; Corte Superior de Justicia Lima Norte, al INPE, y al Instituto de Medicina Legal y Forense.
Claro, si los miembros del Ministerio Público no estuvieran ocupados en destruirse entre ellos –si no, recordemos el triste espectáculo en canales de televisión y en la comisión Lava Jato de varios de ellos– probablemente encontrarían tiempo para hacer mejoras en la gestión.
Y, obviamente, si los jueces hubieran estado abocados a su tarea de impartir justicia –recordando que al símbolo de la justicia se le pone un velo en los ojos para que sea efectivamente ciega y no “manolarga”–, probablemente tendríamos a más cortes listadas y más buenas prácticas de servicio al ciudadano implementadas.
Si solamente pudieran empezar cumpliendo con los horarios en los cuales citan a las partes a las audiencias, estoy segura que podrían ser premiadas en el futuro.