[COLUMNA] «Informalidad e ilegalidad (2)», por Martín Tanaka

En el último tiempo vemos con gran preocupación la extensión de la economía ilegal e informal, y con alarma indicios de su influencia en el ámbito político. En las últimas semanas, diversos reportajes periodísticos han analizado la conducta de los parlamentarios respecto a las protestas de mineros informales, y han encontrado la presencia de dirigentes de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) en partidos como Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Como se sabe, la Confemin y otros gremios se movilizaron pidiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En un trabajo reciente de Omayra Peña y Paolo Sosa, para el National Resource Governance Institute (NRGI), se muestra cómo las iniciativas legales que favorecen la desregulación de la minería no formal en los últimos años provienen de Perú Libre, Acción Popular y Alianza para el Progreso, y que las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre han respaldado más consistentemente esas iniciativas legales. Los autores registran la formación de una suerte de mayoría parlamentaria bastante consistente a favor de estas iniciativas, que incluyen, como puede verse, diversos grupos parlamentarios con posturas supuestamente divergentes políticamente hablando. No sería tampoco casualidad que, en regiones donde hay un alto número de inscritos en el Reinfo, la mayoría de sus legisladores respalde de manera más clara las iniciativas a favor de la continuidad de actividades mineras informales e ilegales, como en La Libertad, Puno o Arequipa.

Obviamente, este tipo de información enciende alarmas respecto a qué podría suceder en las elecciones del próximo año, especialmente en las regiones donde actividades ilegales e informales tienen una presencia significativa. Recordemos que el próximo año tendremos, además de las elecciones de diputados por las regiones que conocemos, una parte del Senado electo en distritos uninominales por región, así como elecciones de gobernadores y alcaldes.

Ahora bien, no solo está el problema de los intereses de los actores que desarrollan actividades altamente lucrativas al margen de la ley, y que procuran tener no solo tolerancia de las autoridades, sino influencia en decisiones claves de política pública que pueden afectar la rentabilidad o continuidad de sus actividades, tanto en el ámbito nacional como regional o local. Está también el hecho de que, con cada vez más políticos oportunistas, escasamente principistas, tengamos un sistema político cada vez más vulnerable a la presión de grupos de interés con capacidad de movilización y grandes recursos. Y además tenemos el hecho de que, en muchas ocasiones, en la base y en la periferia del problema de la ilegalidad y de la informalidad está una gran cantidad de empleos y ocupaciones de decenas de miles de personas para las cuales relacionarse con estas actividades constituye un riesgo o precio que están dispuestos a asumir.

En otras palabras, se trata de problemas cuyo abordaje no solo debe ser policial o judicial, no tiene salida sin alternativas sociales o de desarrollo que eviten que la representación de los trabajadores informales recaiga en manos de los actores ilegales. Quienes trabajan en la periferia de estas actividades tienen también algunos incentivos para la formalización y el trabajo dentro del marco de la legalidad, pero para esto este necesita ser realista.