El gobierno peruano insiste hoy en resolver a través del diálogo los conflictos sociales en el país a causa de laactividad minera, avivados con el bloqueo de carreteras y movilizaciones de varias comunidades.
Este sábado se informó que un centenar de representantes de las localidades afectadas viajarán a esta capital para una reunión con el presidente Ollanta Humala y otros ministros, a fin de exponer su problemática.
Hasta ahora, los reclamos populares en torno a la minería, heredados de gobiernos pasados, se centran en el temor de una probable contaminación medioambiental y en la búsqueda de mayores beneficios de esta actividad económica, una de las más importantes del país.
Desde hace nueve días se reportan incidentes en Andahuaylas, ciudad cabecera del Departamento de Apurimac, y en Cajamarca, en la zona norteña, donde los habitantes se oponen a los proyectos mineros en marcha, tras alegar supuestos daños ambientales.
Los pobladores de Andahuaylas y Chincheros exigen que su territorio sea declarado libre de minería con la anulación de proyectos de las Empresas Ares y Apurimac Ferrum, en fase de exploración, y se elimine la minería ilegal.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, presidida por Antonio Medina, se reúne con los sectores sociales para buscar propuestas e iniciativas legislativas que podrían derivar en leyes, mociones o serían canalizadas por los órganos competentes.
Medina confirmó a la prensa que una audiencia con los pobladores de Cajamarca permitió recoger entre las preocupaciones más importantes la necesidad de una mayor fiscalización a las empresas mineras, la protección de los recursos hídricos, así como evitar la explotación minera en algunas regiones.
También se trató sobre la necesidad de revisar y modificar la Ley General Ambiental, la reconsideración del estudio de impacto ambiental en el proyecto Conga, además de la erradicación de la minería informal en Cajabamba, entre otros.
Los residentes rechazan el proyecto aurífero y cuprífero Conga, impulsado por la transnacional de origen estadounidense Newmont, el cual supone una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares.
En esta jornada las comunidades de Cátac y Conococha acordaron con las autoridades formalizar una mesa de diálogo y levantar el bloqueo de las carreteras luego de tres días de violentas protestas, según informó el ministro del Interior, Oscar Valdés.
El sociólogo Julio Cotler consideró acertada la apuesta al diálogo del gobierno para resolver los conflictos sociales sobre la actividad minera, pero sin ceder al chantaje de algunos dirigentes regionales.
Señaló que en medio de estas revueltas aparecen, por lo general, algunos dirigentes que buscan usar la protesta para sus propios intereses políticos, además de la existencia de una desconfianza histórica sobre las instituciones para encaminar situaciones similares.
Fuente: Prensa Latina