A inicios de 2004, cuando Alejandro Toledo iniciaba la segunda mitad de su gobierno, estalló el escándalo “César Almeyda”, abogado y exasesor del presidente, exjefe de INDECOPI y de la Central Nacional de Inteligencia. Se conoció la grabación de una conversación entre este y el entonces prófugo general Óscar Villanueva, vinculado a Vladimiro Montesinos, ocurrida a inicios del gobierno (Villanueva se entregó a la justicia en junio de 2002 y se suicidó tres meses después). Almeyda pasó casi tres años de cárcel por estos hechos. También se le involucró en el caso “Bavaria”, a mediados de 2004; se afirmó que habría recibido una coima a finales de 2002 para que implemente acciones que le habrían permitido a esta empresa evadir impuestos. La denuncia no pudo ser probada. Estos escándalos, en su momento, hicieron pensar que el propio presidente Toledo terminaría implicado; teniendo este bajos niveles de aprobación a su gestión, los rumores se hacían creíbles y fueron utilizados indiscriminadamente por sus opositores. Sectores de la prensa especulaban con el escenario de una interrupción del mandato presidencial.
En octubre de 2008, cuando Alan García iniciaba la segunda mitad de su gobierno, estalló el escándalo “petroaudios”. Personajes vinculados al gobierno ofrecerían servicios e influencias a intereses privados, y lo supimos por la difusión de audios de conversaciones privadas que demostrarían además la existencia de una red de operadores que ofertan servicios de interceptación telefónica y actividades afines. Se habla de redes vinculadas a los servicios de inteligencia de la Marina de Guerra; algunos recuerdan que el primer vicepresidente es un marino. Se especula que el propio presidente García podría estar involucrado. Como consecuencia del escándalo, se produjo la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y la designación de Yehude Simon, ex presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales.
Estamos ahora ante el caso “López Meneses”, que estalla cuando el presidente Humala está por llegar a la mitad de su gobierno: una persona vinculada a sectores de inteligencia, con amplios contactos en la policía y en las Fuerzas Armadas, ofrecería servicios diversos, tipificables como de tráfico de influencias. Parte de sus “activos” serían sus vínculos con el poder político. El escándalo es tal que motiva la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y la designación de César Villanueva, ex presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales.
La constante en todo esto es la debilidad del poder político, infiltrable por personajes y redes que tienen su origen en las amplias redes montesinistas que luego de desmembradas empezaron a actuar descentralizadamente. Y el uso “mediático” de información “explosiva” por sectores que se sienten relegados, que arrinconan al poder democrático, que generan grandes escándalos de corto plazo y que muchos opositores usan irresponsablemente.
Fuente: La República (24/11/2013)