En los últimos tiempos se discute mucho sobre un tema abordado anteriormente aquí, las relaciones entre jueces y política. Hemos señalado cómo el desarrollo institucional formal y el debilitamiento de los partidos hace que los jueces se vean cada vez más involucrados en decisiones que antes se ubicaban claramente en el ámbito político; pero a diferencia de los políticos, los jueces no están sujetos a los controles que tienen las instancias representativas. Cada vez más la política se judicializa y la justicia se politiza, y resulta más evidente que los jueces toman decisiones considerando sus preferencias ideológicas y simpatías políticas, las reglas institucionales en las que están inmersos, las presiones de la opinión pública y de otros poderes del Estado; no solamente interviene el derecho o la jurisprudencia, que como sabemos, tiene siempre muy amplios márgenes de interpretación.
Diversos estudios realizados en otros países de América Latina muestran que los jueces actúan estratégicamente como actores políticos.
Nos quejamos por la ineficiencia de los jueces y del sistema judicial, por los indicios de corrupción, de control, manipulación y presión política sobre los jueces, por sentencias que desafían el sentido común y todas nuestras nociones de justicia, y los principios básicos del derecho. Pero, ¿qué hacer?
Para empezar, mejorar los procesos de selección y control de los jueces: nuestro diseño constitucional propone un esquema pluralista que involucra a instituciones de la sociedad civil para el nombramiento y control de los jueces, y al Congreso para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, pero que hay que hacer funcionar. Es importante apuntar a fortalecer la autonomía y estabilidad judicial: una reforma importante, por ejemplo, sería ampliar el plazo del mandato del presidente de la Corte Suprema, dos años resultan poco tiempo para llevar adelante reformas. Pero la elección del presidente debería basarse en una propuesta de plan de gobierno debatido ampliamente de cara a la ciudadanía. La autonomía y estabilidad deben ir de la mano de la transparencia y de la rendición de cuentas. Para esto se requiere de la construcción de indicadores de desempeño que puedan ser evaluados.
De otro lado, la literatura comparada muestra que un diseño puede ser bueno, pero las cosas no funcionan si los jueces reproducen culturas institucionales anquilosadas, lógicas y razonamientos conservadores y burocráticos. La formación de los jueces depende de las Facultades de Derecho, que deben avanzar hacia la implementación de mecanismos de acreditación; la carrera judicial debe ser más atractiva para atraer a los mejores abogados, y los requisitos para los nombramientos y ratificaciones deben ser más exigentes. De otro lado, la Corte Suprema debe establecer jurisprudencia clara, en torno a cuestiones emblemáticas y representativas. Se requiere de un gran acuerdo político para todo esto.
Fuente: La República (14/04/2013)