En los últimos años ha captado poderosamente la atención lo que se ha llamado la “paradoja peruana”: un país cuya economía es líder del crecimiento de América Latina, que además reduce de manera muy rápida e importante la pobreza, y que además empieza a reducir la desigualdad, aún en el marco de una crisis internacional. Al mismo tiempo, es el país con el más bajo nivel de legitimidad de sus instituciones políticas, de confianza e identificación con el Estado y los actores políticos de la región, con crecientes niveles de conflictividad social. Es imperativo entender cómo esa coexistencia es posible, si es que podrá durar, y si es que el crecimiento económico podrá a la larga ayudar a superar los problemas de representación y nuestro desempeño institucional, o si es que serán esas taras las que se tirarán abajo el crecimiento. Esta discusión, como recordaremos, fue particularmente intensa en las elecciones de 2011.
El conflicto de Conga ha puesto nuevamente en el centro este tema. Para algunos, Conga abre la posibilidad de que importantes proyectos de inversión puedan “caerse” por problemas sociales, políticos e institucionales, todo lo cual podría “descarrilar” la actual dinámica de crecimiento. Por el contrario, para otros Conga es un caso puntual, no generalizable, siendo Yanacocha y su relación con los cajamarquinos expresión de los errores que se cometieron al inicio del actual ciclo de expansión de la inversión en industrias extractivas, que ya no se dieron, o en todo caso no de la misma manera, en años posteriores.
Y que con un manejo político apenas un poco más sensato, el asunto no se habría complicado tanto. Una clave para entender esta paradoja es analizar la naturaleza del Estado peruano. En las últimas dos décadas, un sector del mismo, asociado en términos generales al manejo de la macroeconomía, después de la traumática experiencia de finales de la década de los años ochenta (recesión, déficit, hiperinflación) logró generar un consenso bastante amplio sobre la necesidad de no volver a ese pasado y de promover políticas orientadas al mercado. Ese consenso atraviesa sectores políticos, económicos, tecnocráticos, internacionales, lo que ha permitido construir instituciones que amparan y regulan esas políticas, que han gozado de continuidad, estabilidad, predictibilidad. El problema es que otras áreas, precisamente aquellas más vinculadas a la atención del ciudadano y fundamentales para el desarrollo a mediano y largo plazo (combate a la pobreza, salud, educación, acceso a la justicia, seguridad ciudadana, por ejemplo) fueron prácticamente abandonadas a su suerte, utilizadas para pagar favores políticos. Otra dimensión de estas diferencias al interior del Estado se dan entre regiones: algunas desarrollan capacidades y logran articularse mejor, otras siguen entrampadas y sin capacidad de implementar políticas eficaces, que saquen provecho de la coyuntura de bonanza. El país muestra dinámicas crecientemente “duales” o fragmentadas. Seguiré con el tema.
Fuente: La República