Publicado en: La República
Fecha Dom, 05/09/2010
Obtenido en: http://www.larepublica.pe/columnistas-elecciones-2010/05/09/2010/no-perder-de-vista-lo-importante
Cuando Lourdes Flores competía con Alex Kouri en Lima, la contraposición se daba entre una propuesta liberal, institucionalista, y una pragmática, antipolítica, que se sintetizó en la frase “decencia contra corrupción”. De otro lado, la candidatura de Fuerza Social con Susana Villarán representaba una propuesta de izquierda renovada, en torno a un perfil socialdemócrata, frente a opciones nacionalistas-caudillistas o socialistas o comunistas más tradicionales.
En otras palabras, sectores liberales de izquierda y derecha tendían a compartir un espacio común; retirado Kouri de la contienda, de pronto Flores se convierte en cómplice del narcotráfico y Villarán en radical pro terrorista. Sorprende cómo de sectores de derecha supuestamente civilizados emergen reflejos de un rancio conservadurismo, que afortunadamente no han sido respondidos en el mismo tono por los seguidores de Fuerza Social (hasta PR ha dado muestras de atinada moderación en las últimas semanas).
Esperemos que una sana dinámica de competencia electoral entre opciones que pretenden plantear propuestas renovadoras tanto en la derecha como en la izquierda no se convierta en una campaña de demolición que refuerce sus reflejos más conservadores y polarizantes. En nuestro país, después de años de desprecio a las instituciones, al respeto al Estado de derecho, a una política basada en partidos, principios y programas, es muy importante sumar esfuerzos en esa dirección.
Precisamente en este contexto, el Ejecutivo ha promulgado el DL 1097, que “regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos”, que viola abiertamente la legislación nacional e internacional, y que en concreto podría implicar la salida en libertad de los responsables de los casos de Los Cabitos, Accomarca, Huancapi y Barrios Altos.
Recordemos de qué estamos hablando: en Los Cabitos: se trata de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de cuando menos 136 ciudadanos entre 1983 y 1984; en Accomarca, de una patrulla del ejército que asesinó a 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños en 1985; en Huancapi, de la detención arbitraria y desaparición de siete candidatos en el proceso electoral municipal complementario de abril de 1991; y en Barrios Altos, en el mismo año, de la ejecución extrajudicial de 15 personas.
La movilización en contra de este despropósito nos dará una muestra elocuente de los alineamientos políticos sustantivos en el país: qué sectores están con el Estado de derecho, con los DDHH, y qué sectores menosprecian la búsqueda de justicia en casos tan elocuentes como los señalados. Esperamos la definición de los candidatos y del propio gobierno: ¿se defenderá e insistirá en estos decretos, o se reconocerá el error? En medio del calor electoral regional y municipal, no olvidemos que hay temas más importantes para el país.