En los últimos días hemos visto protestas y controversias en torno a la aprobación de la Ley del Servicio Civil y de la nueva ley universitaria. Ellas ilustran, cada una a su manera, la distancia que suele haber en nuestro país entre la realidad y los ideales, distancia que puede hacer naufragar las mejores intenciones.
¿Por qué la oposición de muchos sectores ante la nueva ley universitaria? ¿No busca la ley mejorar la calidad de la instrucción superior? ¿No establece mecanismos de supervisión y control que desnudarán la “estafa” que son algunas universidades? Desde este punto de vista, los estudiantes que protestan en todo el país solo podrían ser víctimas de la desinformación. Propongo otra manera de ver el asunto: todos sabemos que la educación básica y superior adolece de serios problemas de calidad, pero lo que suele pasarse por alto es que existe cierta correlación entre los años de escolaridad y educación y los ingresos.
Es decir, muchas familias apuestan por los estudios superiores no porque aspiren a tener una formación que cumpla con estándares internacionales, sino simplemente a tener mejores oportunidades de ingreso. Mal que bien, se percibiría que estudiar en una universidad, aunque de calidad dudosa, es mejor que no hacerlo en ninguna. Desde este punto de vista, se entiende que muchos rechacen la posibilidad de que sus universidades se vean en riesgo. A lo que se aspira es a recibir apoyo para que esas instituciones mejoren, aunque el logro de la acreditación se vea muy lejano o imposible.
Si seguimos esa línea de razonamiento, entenderemos mejor el por- qué de las protestas de trabajadores del sector público contra la Ley de Servicio Civil, o las resistencias de los maestros a la Ley de Carrera Pública Magisterial. En principio, nadie debería temer ser evaluado y capacitado, y todos deberían ver con interés un sistema de ascenso y mejoras de remuneración, consecuencia del mérito y del esfuerzo; pero quien es producto de una mala educación básica y superior, y quien ha aprendido que el mecanismo de permanencia y ascenso es más bien el “no hacer olas” o la fidelidad al superior, puede sentir que carece de las competencias básicas para aprender, y teme una reubicación poco conveniente o un despido. Se trata de la defensa de un cerrado interés corporativo, sí, pero también un resultado del desastre de nuestra educación y de las reglas informales que realmente rigen la administración pública en las últimas décadas.
Siendo las cosas así, planear e implementar una reforma debe asumir la existencia de las reglas “informales”, pero reales en la práctica, que rigen el funcionamiento de nuestro Estado, y de las expectativas de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y las instituciones en general. En el Perú tenemos una larga historia que recordar de lo difícil que es introducir criterios modernos y liberales en contextos regidos por otro tipo de órdenes tradicionalistas.
Fuente: La República (07/07/2013)