Lo visto en Lima en estos días no es nada nuevo. Recordemos rápidamente algunos antecedentes que vienen al caso.
Marzo 2012, Madre de Dios: protestas de mineros informales en contra de iniciativas de formalización terminan con tres muertos y actos vandálicos. Mayo 2011, Juliaca y Puno: movilización en contra de diversos proyectos y actividades mineras termina en saqueos y vandalismo, acciones en las que operan intereses vinculados al contrabando (se atacan locales de Sunat y aduanas). Marzo 2010, Piura: desalojo de comerciantes informales del mercado Modelo termina con cinco muertos, y saqueos en la ciudad. Enero 2009, Ferreñafe: desalojo de invasores del Bosque de Pómac termina con dos policías asesinados y otros más heridos de bala. Junio 2008, Moquegua: empresas contratistas y sus trabajadores temen perder oportunidades de trabajo por la reducción de los altísimos montos recibidos por canon, bloquean la carretera panamericana, toman el puente Montalvo, se enfrentan a la policía, y secuestran al general a cargo del operativo de desalojo.
La lista podría seguir y completarse. Estamos ante la resistencia de actores ilegales o paralegales, o que obtienen beneficios desmedidos por diversas actividades, que recurren a formas de protesta extremadamente violentas (que implican la contratación de “expertos” en enfrentarse a la policía y en acciones vandálicas); que utilizan retóricas de otras acciones de contenidos más convencionales, pero igualmente disruptivas (defensa del trabajo o de actividades tradicionales, reivindicación de la dignidad popular, alusiones a que “correrá sangre” y a que “solo muertos saldremos de aquí”). Enfrentamientos con la policía en los que esta es víctima y victimaria, con muertos y heridos de las fuerzas del orden, de quienes protestan, así como de inocentes que nada tenían que ver. Acciones represivas con serios problemas de diseño e implementación, que evidencian las limitaciones del trabajo de inteligencia, el mal equipamiento de nuestra policía. Iniciativas que traslucen también las escasas capacidades de operación política de los actores políticos.
Lo nuevo es que esto ocurre a unas cuadras de Palacio de Gobierno, y que la resistencia es contra un gobierno progresista, cuyos simpatizantes descubren que la ocurrencia de muertes en acciones de protesta no es consecuencia del carácter antipopular, neoliberal o reaccionario del gobierno, sino de razones mucho más de fondo: la precariedad de nuestros actores políticos y de nuestras instituciones; la fortaleza de los intereses asociados a actividades ilegales o paralegales; la instalación de una cultura política en la que “todo vale”; el escaso respeto a la autoridad y a la ley. Todo esto impacta porque percibimos de alguna manera que está en juego el propio contrato social, el fundamento que permite la vida civilizada: el respeto a reglas elementales de convivencia. En esto nuestra alcaldesa no puede retroceder ni fallar.
Fuente: La República