El pedido de revocatoria de la alcaldesa de Lima ha puesto en discusión la conveniencia o no de este mecanismo de democracia directa y de todos en general, en tanto podría dar lugar a prácticas que “desnaturalizarían” su esencia y debilitarían a la democracia representativa.
Existen múltiples críticas a la democracia representativa y al hecho de que en ella el juego político parece restringirse a los partidos y a las élites políticas; los ciudadanos no se sentirían representados o partícipes de las decisiones que se toman en su nombre, por lo que el remedio para algunos consiste en ampliar la arena política a la acción directa de los ciudadanos ya sea en ocasiones específicas (referéndums, plebiscitos) o de manera regular mediante mecanismos de consulta y participación. No se trataría de construir una forma alternativa de régimen político, sino de fortalecer la democracia representativa complementándola con mecanismos de democracia directa, participativa o deliberativa.
El saldo que deja la adopción de estos mecanismos en general es muy ambigua: en ocasiones cumplen efectivamente funciones de legitimación de sistemas políticos democráticos, en otras los debilitan; pueden legitimar gobiernos con tendencias autoritarias, como pueden debilitarlos; son alternativamente propuestos y repudiados por sectores tanto de izquierda como de derecha. Perú es una ilustración muy elocuente de estas ambigüedades.
En la Constitución de 1979, tomada por muchos como el estándar democrático por excelencia, los mecanismos de democracia directa y participativa no existían; ellos fueron introducidos en la Constitución de 1993, después del golpe de Estado de 1992. En esto coincidieron sectores liberales como el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, para quienes estos mecanismos acotaban el poder del Estado; sectores de izquierda, para quienes se abría espacio para la movilización y acción directa del pueblo organizado; así como el propio fujimorismo, para el cual se denunciaba la ineficiencia de una democracia partidocrática y elitista. Más adelante, fue la oposición al fujimorismo la que se benefició de la existencia de un mecanismo como el referéndum para cuestionar el intento de segunda reelección del presidente. En los últimos años, desde la izquierda se promovió con entusiasmo la implementación de mecanismos participativos en el contexto del proceso de descentralización, que incluyó el mecanismo de revocatoria de autoridades, y algunos propusieron ampliarlo para afectar también a congresistas, por ejemplo. Pero ahora que el mecanismo afecta a una alcaldesa como Susana Villarán se llama con razón a la cautela.
¿Qué hacer? En términos generales, pienso que deberíamos seguir con la lógica que trató de establecer la ley de partidos: dada la fragmentación y volatilidad de la arena política, de lo que se trata es de elevar las barreras de acceso a la competencia política y al ejercicio de mecanismos de participación.
Fuente: La República (03/02/2013)