Lee la columna de nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes, escrita para el diario El Comercio ► https://bit.ly/2Vnfn7I
¿Nuevos rumbos? O con un rumbo, cualquiera, pero con rumbo, pedirán varios.
La economía y la política no son, por ninguna consideración, líneas paralelas. En realidad, una se nutre de la otra porque finalmente, con la política se ordena (¿o desordena?) el poder sobre los recursos y los agentes económicos toman decisiones en respuesta a esos incentivos. La reciprocidad es cierta.
Durante el 2018, prácticamente cada día, tuvimos novedades que movieron el piso político en nuestro país. Es ocioso decir que esta turbulencia afectó de manera importante no solamente las decisiones económicas, sino también la acción de los funcionarios públicos. Son varios los sectores que tuvieron tres titulares este año. ¿Cómo se puede avanzar en una agenda de políticas públicas en medio de tanta incertidumbre?
De cara al 2019, puedo hacer una lista completa con temas transversales y sectoriales para los cuales sería deseable que el Ejecutivo asuma un liderazgo claro, pero solamente menciono dos:
–Acciones efectivas para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia familiar. Que el aumento de presupuesto se traduzca en menos mujeres y niños violentados y si pido todo, ¡ni una más!
–Nuevos aires para la reforma del servicio civil. Que se dejen sin efecto todas las leyes que excluyen a trabajadores del régimen. Y si no se puede tanto, que no se excluya a ningún otro grupo.
Y tengo un tercer tema para dejar en blanco y negro.
Hace unos días, se tomó la decisión de pasar el Osinfor al Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es el problema? El problema es bien sencillo: se está debilitando al Osinfor.
El modelo de regulador autónomo e independiente fue adoptado como uno de los instrumentos necesarios para promover la inversión privada. Sin autonomía constitucional, como la tienen el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el hacerlos depender de la Presidencia del Consejo de Ministros, el primus inter pares, les daba un rango que los fortalecía, tanto de cara al inversionista como dentro del mismo Ejecutivo.
Hoy los reguladores de servicios públicos no solamente continúan con directorios incompletos (todas las semanas comentan que las resoluciones ya están listas para ser firmadas, pero nada de verlas publicadas en el diario oficial), y tampoco se convocan los concursos para completar las plazas vacantes. Algo similar pasa con los tribunales de solución de controversias: o incompletos o con miembros cuyos nombramientos ya están más que vencidos.
Si el Ejecutivo está decidiendo cambiar el modelo de regulador independiente, sería conveniente que ello ocurra como fruto de una discusión que permita hacer un balance de las lecciones luego de casi un cuarto de siglo de implementación. Si no, la actual inacción es solo producto de la inercia. Ya es momento de romperla y tomar el liderazgo que el país necesita para seguir creciendo.