Texto escrito por Hildegardi Venero para el Diario El Comercio ► https://bit.ly/2LRCUbb
Un reciente artículo del “American Economic Journal” (2018) difunde un importante resultado: cada país que logra incrementar en diez puntos porcentuales la cobertura de saneamiento reduce la tasa de mortalidad infantil en ocho puntos.
Las cifras oficiales del Perú permiten ver que nuestro país tiene 31,7 millones de habitantes. De estos, el 10,6% y el 25,5% no tienen acceso a agua y a saneamiento, respectivamente. Porcentajes que se elevan a 37,8% y 75,7% en el ámbito rural. Sin duda, los lugares donde hay una mayor concentración de población no servida por ambos servicios son las zonas periurbanas y el ámbito rural disperso. Es decir, aquellas zonas donde se registran los mayores niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Una mención especial requiere la selva baja, donde hay niveles pequeños de cobertura y donde todavía no se logra identificar –por parte del ente rector– las tecnologías adecuadas para las condiciones de estos lugares, como el riesgo de inundación o el uso de las fuentes superficiales para los servicios de agua.
Los problemas que se registran en nuestro país, no obstante, no solo están relacionados con la falta de cobertura de los servicios, sino también con la calidad de ellos; es decir, que los peruanos no solo cuenten con un servicio de agua, sino que este sea continuo (24 horas al día y siete días a la semana), que sea asequible (que puedan pagar el agua que necesitan) y que llegue en cantidad necesaria para cubrir sus necesidades de consumo y aseo, entre otros aspectos.
Las implicancias de no tener buenos servicios de agua y saneamiento son, básicamente, tres. Primero, el efecto pernicioso sobre la salud de las personas y, específicamente, de los niños, pues está asociado a las enfermedades diarreicas agudas y a la desnutrición crónica infantil. Segundo, el efecto en el tiempo disponible, porque las personas dedican tiempo a acarrear agua, más aun cuando esta responsabilidad la asumen –en su mayor parte– las mujeres y los niños. Y tercero, en el gasto familiar, porque las personas, al tener la percepción de que el agua no es segura para beber directamente desde el grifo, tienen que incurrir en gastos para desinfectarla, como hervirla o comprarla embotellada.
Entonces, ¿qué deberían hacer los gobiernos locales y regionales, así como los candidatos en campaña, para priorizar y trabajar por ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en sus localidades? Primero, tienen que informarse sobre las acciones que les compete según la Ley Marco de Saneamiento (D.L. 1280 y normas modificatorias), que señala que los gobiernos locales son los responsables de asegurar la prestación eficiente de los servicios de saneamiento usando los medios institucionales, económicos y financieros que los garanticen. Segundo, deben elaborar un diagnóstico de los servicios de agua y saneamiento en sus localidades, una lectura clara de la falta de cobertura y de la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento a nivel de centro poblado, lo que ayudará a tomar medidas más efectivas y a diseñar soluciones certeras. Tercero, dado el continuo cambio de funcionarios y autoridades edilicias, se deben conformar plataformas interinstitucionales en cada región para fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes ministerios y los gobiernos locales, de tal forma que se diseñe y monitoree una política articulada en el sector, con metas precisas a cumplir en el corto, mediano y largo plazo.