Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka, escrita para el diario El Comercio ►https://bit.ly/2SsAXW1
A inicios de julio de este año, al cumplir el presidente Vizcarra cien días en el cargo, la percepción general era que se trataba de un gobierno precario y débil. En ese tiempo analizábamos las renuncias de los ministros de la Producción, Daniel Córdova, de Economía, David Tuesta, y poco tiempo después del de Justicia, Salvador Heresi, así como la evidencia de graves contradicciones en el manejo de diversos temas. El Gobierno aparecía sin liderazgo y sin rumbo. La encuesta de Ipsos mostraba una caída de 57 a 35 en el porcentaje de ciudadanos que aprobaba la gestión del presidente entre abril y julio. Algunos medios hablaban de una aprobación en “caída libre”. Con indulgencia decíamos que no cabía esperar mucho de un gobierno que tuvo que asumir inesperadamente las riendas del país en medio de una emergencia, la renuncia del presidente Kuczynski, justo cuando parecía que iba a superar la votación de una segunda moción de declaratoria de vacancia. Inesperadamente, el 28 de julio el Gobierno retomó la iniciativa, levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. Tuvo la intuición y habilidad de capitalizar la ola de indignación que generaron los ‘CNM audios’, que le han permitido levantar su porcentaje de aprobación hasta 65 puntos. Cuatro meses después, hemos pasado de la “caída libre” a imaginar un presidente todopoderoso.
En realidad, creo que seguimos ante el mismo gobierno precario y débil de hace unos meses; detrás de la iniciativa expresada en el referéndum del 9 de diciembre no hay ningún tema sectorial en el que destaque, como muestra la última encuesta del IEP. Es más, ni siquiera hay claridad de cuál es la estrategia o el plan del Ejecutivo en los temas del referéndum para después de esa fecha. Buena parte de las iniciativas presentadas por la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia están en la congeladora en el Congreso, y la búsqueda de acuerdos para establecer una agenda legislativa está postergada. Y se vienen cambios fundamentales por la renovación de la presidencia del Poder Judicial y de varios miembros del Tribunal Constitucional (¿también en la Fiscalía de la Nación?), de los que depende que la Junta Nacional de Justicia llegue a buen puerto. Y en cuanto a la reforma política, en realidad solo llevar a la Constitución algunas disposiciones de la ley electoral referida al financiamiento de las organizaciones políticas es un avance; prohibir la reelección de congresistas es un error, y el propio Gobierno llama ahora a votar contra la propuesta del bicameralismo que se aprobó en el Congreso. En otras palabras, la agenda de la reforma política se ha perdido y distorsionado.
En realidad, la percepción de estar ante un gran poder presidencial es consecuencia de la coincidencia entre la retórica de Vizcarra contra la corrupción y el activismo judicial de un puñado de fiscales y jueces, en casos de gran visibilidad pública. Pero ese activismo tiene una dinámica propia, que puede llevar a cometer excesos y errores, pero que también ha permitido avances. Es ese mismo activismo judicial el que con sus avances y errores ha llevado a Lula a prisión y llevará al juez Sergio Moro al Ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro en Brasil.
Se habla de una supuesta falta de democracia en el país como consecuencia de fallos judiciales cuestionables. En realidad, lo que no es democrático es no aceptarlos, y renunciar al camino de impugnarlos por las vías que el mismo orden legal establece. Lo que vale para la Constitución o los resultados electorales vale también para los fallos judiciales.