PRONUNCIAMIENTO
En defensa de la transparencia, el diálogo y la libre asociación
Distintos voceros del Congreso de la República han expresado su decisión de votar en el pleno de esta semana el proyecto que modifica la Lay de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, cuyo objetivo es establecer mecanismo de control burocrático sobre las diversas entidades privadas que tiene relación con la cooperación internacional en nuestro país. Si bien la reciente postergación de su votación fue un gesto de apertura, hay que señalar que nadie conoce los cambios que finalmente se introducirán y que la Ley se llevó a votación y se aprobó en primera instancia sin dialogar con las agencias públicas y privadas de cooperación, ni con las ONG:
1. La norma presentada y su fundamentación, manejan un concepto obsoleto sobre la cooperación al desarrollo. Si el Estado tuvo el papel protagónico entre los años cincuenta y ochenta, en los últimos quince años, el énfasis de la cooperación, equilibra su rol con el papel del mercado, el sector privado y la sociedad civil, de las que las ONG formamos parte. En este contexto, es obvio que en el país es posible y necesario un mejor manejo de la cooperación internacional, que exige un trabajo concertado para el uso de dichos recursos. Sin embargo, antes que de la censura y el control, se requiere de una buena agenda de cooperación -una de las responsabilidades neurálgicas de la APCI- y de una disposición al diálogo con los principales actores de este proceso, incluyendo a la cooperación privada y a las ONG, que siempre hemos mostrado nuestra disposición en este terreno.
2. Como ha sido señalado por diversas instituciones y personalidades, la modificación propuesta busca establecer la obligación de la inscripción en el registro de la APCI de todas las entidades privada que gestionan recursos de la cooperación, otorgándole a dicha instancia administrativa del Estado la capacidad de anularla. Encontramos que la lógica política en la que se basa esta orientación es controlista y autoritaria. No es aceptable que mediante un mero procedimiento administrativo se afecten distintas libertades, derechos y principios, garantizados por la Constitución Política del Estado.
3. Defendemos la transparencia en la gestión y ejecución de los recursos de la cooperación. Las ONG respondemos a los mismos mecanismos de control que cualquier otra entidad privada: Registros Público, SUNAT, EsSalud, Ministerio de Trabajo, entre otros. Adicionalmente, muchas ONG presentamos informes a la APCI sobre el uso y los resultados obtenidos con los recursos de la cooperación internacional. Esta institución lleva adelante las acciones de fiscalización que le parecen convenientes, sin que exista, siquiera un reglamento que defina los criterios e impida la arbitrariedad. Así mismo, somos supervisados mediante estudios de impacto yauditorías, por las instituciones públicas y privadas que canalizan sus recursos a nuestras instituciones. Carece de sentido, en consecuencia, que se nos acuse de falta de transparencia y se use tal argumento para justificar una ley que supondría una amenaza sobre instituciones que pueden ser incómodas por sus opiniones y propuestas.
4. No tiene sentido y nos perjudica como sociedad, que se asuma el camino de la confrontación y el control estatista de los recursos de la cooperación internacional. Invitamos a los congresistas de la República y a las autoridades del Ejecutivo a un diálogo abierto, capaz de atender a los desafíos que tenemos como país en materia de cooperación al desarrollo, alejándonos del autoritarismo y la intolerancia que se han evidenciado en muchas de las declaraciones de los últimos días.
Grupo Propuesta Ciudadana, Alternativa, Arariwa, CBC – Bartolomé de las Casas, CEDEP, CEDEPAS, CEPES, CIPCA-PERÚ, DESCO, IDS, IEP.
Publicado en La República, el miércoles 22 de noviembre del 2006.