-Por Alberto Mori-
La toma de una carretera en la localidad de Chala y el paro en la provincia de Islay, ocurridos hace algunas semanas en Arequipa, han vuelto a colocar en el debate público la necesidad de implementar políticas de largo aliento para solucionar y evitar los conflictos sociales en el país. Para conversar sobre ello, Derechos Humanos en línea buscó a Ramón Pajuelo, antropólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Aquí su análisis sobre el tema.
¿A qué se debe el continuo estallido de conflictos sociales en el país?
Desde mi punto de vista son tres los factores que explican esto. El primero es la existencia de un tejido social débil y desarticulado, por la destrucción de organizaciones y liderazgos sociales tras décadas de crisis, guerra interna, autoritarismo y neoliberalismo. Debido a ello, en el Perú no hay formas efectivas de representación política de los intereses populares, no sólo por la ya larga crisis de los partidos, incluyendo el colapso de la izquierda, sino también por la propia desarticulación de los sectores populares de la sociedad. Un segundo factor es que el Estado no termina de conformar una institucionalidad suficientemente capaz de manejar una situación de conflictividad social creciente. Ante cada conflicto, se suman errores de manejo estatal con graves consecuencias. El tercer factor sería la incongruencia de un modelo económico que está generando un crecimiento fuerte, pero que se haya muy lejos de satisfacer las expectativas de la población, ya que no frena la reproducción de la desigualdad y la exclusión, al tiempo que incrementa las expectativas de ascenso social.
¿Existen los mecanismos institucionales para que el Estado atienda estás demandas?
La disconformidad y el descontento no pueden expresarse políticamente dentro del tipo de democracia que hemos construido en esta década. Las demandas de las dirigencias y las autoridades locales asociadas a los conflictos no logran tener articulación en el plano político. Como consecuencia de ello, estas demandas aparecen más bien, en el plano local, como pequeños estallidos de violencia o de simple protesta. Pero esto ocurre no solo por la debilidad institucional del Estado, sino también por la debilidad de las organizaciones y la ausencia de un tejido social capaz de ser representativo.
¿El crecimiento económico satisface las expectativas de la población en el interior del país?
Definitivamente no, porque se sienten excluidos de este proceso. Esto sucede en un contexto en el que más personas tienen acceso a diversas fuentes de información, a Internet por ejemplo. Ahora los jóvenes se enteran de lo que sucede en el mundo por distintos medios de acceso a información y comunicación. Como producto de ello, se construye una suerte de “ciudadanía imaginada” que está nutrida de ideas de bienestar y progreso, pero que además está acompañada de una conciencia de derechos que antes no existía y que choca todos los días con la “ciudadanía real”, que es la que vivimos a diario y se caracteriza por la falta de derechos efectivos, la desigualdad y, sobre todo, por la exclusión de la mayoría peruanos que no se sienten ciudadanos de pleno derecho, en el sentido amplio de la palabra.
Cada vez que surge un nuevo conflicto parece que el Estado se va a enfrentar a uno por primera vez, ¿la dinámica de estos actualmente es la misma o ha cambiado?
Lo que ocurre actualmente es un ciclo de conflictividad social que se inició en el último tramo del gobierno de Alberto Fujimori y que ha venido creciendo durante la última década. En este ciclo reconozco principalmente tres tipos de conflictos. El primero está conformado por conflictos de gobernabilidad local, los cuales tuvieron su punto más alto durante los años 2004 y 2005; el caso de Ilave sería el más emblemático de este tipo. El segundo está conformado por los conflictos de poblaciones locales y comunidades campesinas contra empresas extractivas, donde las demandas aparecen ligadas al medioambiente, a la defensa del territorio y de recursos naturales; el caso de Bagua sería el conflicto emblemático de este tipo debido a la magnitud de la violencia. Y finalmente, el tercer tipo está conformado por conflictos más clásicos, que involucran otras demandas como, por ejemplo, mejores condiciones salariales o acceso a obras y servicios. De estos hay muchos en diversas zonas a pesar de no ser muy visibles, pero pueden estallar en cualquier momento; lo ocurrido en Chala recientemente, donde los trabajadores informales mineros se opusieron a un intento de formalización es un ejemplo de este tipo de conflicto. Y es escandaloso que en Chala el conflicto haya terminado con tantos muertos y heridos por armas de fuego.
¿Cuál de estos tipos de conflicto se registra con mayor presencia en la actualidad?
Mi impresión es que el segundo tipo de conflictividad es el que se encuentra en su punto más alto de desarrollo. Ello se debe a la fuerte expansión de la minería y al creciente aumento de empresas que buscan desarrollar proyectos de explotación de recursos naturales sin considerar a las poblaciones locales, pero también a que se han incrementado las expectativas y suspicacias de la gente, incluyendo una suerte de redescubrimiento y revaloración de los recursos colectivos y el medioambiente.
Algunos analistas sostienen que estamos atrapados en la lógica de la protesta y la mesa de diálogo…
Hay una suerte de círculo vicioso, en el cual la negociación aparece como un mecanismo paliativo frente a escenarios de conflicto que ya se están terminando. Ese círculo vicioso se está quebrando y lo que tenemos es una suerte de hartazgo de las poblaciones locales. Al no funcionar el mecanismo de negociación institucional, la violencia comienza a desbordarse. La negociación en el momento más álgido no soluciona el problema real. Necesitamos formas de negociación lanzadas hacia el futuro que logren generar voluntades para el desarrollo local.
Una de las explicaciones al origen de los conflictos es que las empresas no comunican los beneficios de sus proyectos, ¿es cierto esto?
Es cierto en parte. La información que manejan las poblaciones locales muchas veces es manipulada o errónea debido al escaso nivel de información que brindan las empresas. La ausencia de información contribuye a la creación de sentidos comunes y opiniones públicas locales contrarias a cualquier inversión. Pero lo que también ocurre, y de esto se dan cuenta las comunidades, es que la mayoría de las empresas sigue viendo las localidades como escenarios vacios en los cuales se puede depredar los recursos naturales sin control. Las empresas no tienen noción de constituirse en palanca para el desarrollo local o regional del país. Ni siquiera se han interesado en proponer al Estado formas efectivas de redistribución de las sobreganancias con la comunidad.
Los grupos de protesta tienen la percepción de que las autoridades están a favor del empresariado…
¡Es que están a favor del empresariado! En el Perú, el Estado se ha convertido, desde Fujimori, en un administrador de intereses privados. Ha dejado de mirar a la sociedad en tanto conjunto de sectores e intereses a los cuales tiene que responder. Es simplemente un árbitro, un agente funcional a los intereses empresariales. Por ejemplo, en las mesas de negociación o de diálogo, el Estado asume el rol de representación de ellas, en vez de ser un intermediador de los distintos intereses existentes en el país para la generación de desarrollos locales y regionales.
Si el Estado no está de parte de ellos, ¿no es esa una negociación desigual?
Sí, es absolutamente desigual. Muchas veces los representantes de las poblaciones están encerrados en un escenario de negociación en el cual aparecen como prácticamente secuestrados por sus propias bases y tienen que ceder. El Estado debe reorientar su rol como actor que puede propiciar diálogos a fin de generar formas de desarrollo económicos reales y sustentables. En ese diálogo es necesario que intervengan, a pesar de su debilidad actual, los representantes y autoridades de las poblaciones locales, alcaldes y representantes de los gobiernos regionales, y de todas maneras los representantes de las empresas. A falta de una efectiva función del Estado, las empresas piensan que pueden desarrollar sus actividades al margen de la voz de los actores locales.
¿Y cuál es la tarea que el Estado debería emprender para reducir el número de conflictos?
Lo que el Estado tiene que hacer es generar escenarios de negociación y dialogo antes que estallen los conflictos, es decir en el momento en que se generan los proyectos desarrollo y de inversión. Debe generar mecanismos para que todos los actores puedan sacar a flote sus intereses y sus demandas. Por otro lado, las empresas tienen que ceder y también las poblaciones locales frente a la necesidad de desarrollo de proyectos que resulten importantes para ambos, como obras públicas e inversiones mineras en las que se haya planificado la continuidad de otras actividades como la agricultura.
¿Cuál debería ser la labor a largo plazo?
Mirar críticamente el tipo de efectos que está teniendo el modelo económico y reorientar rumbos en ese sentido. Debería implementarse una política planificada de explotación de recursos naturales para buscar formas de articulación entre modelos de desarrollo distintos, sean agrícolas o mineros, y regular las actividades de las empresas en términos ambientales y tributarios, ello con la finalidad de que pueda haber una manera efectiva de retorno de los beneficios mediante inversión para las poblaciones. Mirando al largo plazo, el Estado no ha terminado de construir los canales institucionales para la representación de demandas e intereses, mientras que las elites políticas no se dan cuenta de la ausencia de institucionalidad efectiva en el país. Por ejemplo, el paquete de reformas institucionales propuestas por la CVR se quedó en papel. Ahí perdimos la posibilidad de institucionalizar un Estado que pudiese generar canales para la representación de los intereses de todos.
¿El crecimiento económico se está aprovechando?
Lo están aprovechando algunos. Haber crecido entre 9% y 10% es muy importante, pero no estamos aprovechando la posibilidad de sentar las bases para un desarrollo económico más democrático. El modelo de desarrollo económico basado en la mera explotación de los recursos, así tal cual lo aplicamos, nos está demostrando que no frena, sino más bien reproduce formas de desigualdad y de exclusión. Dos décadas después es momento de mirar críticamente el modelo que estamos impulsando. Desafortunadamente, me temo que las elites políticas y empresariales no son lo suficientemente capaces de darse cuenta que tenemos la posibilidad inmejorable de sentar las bases para un desarrollo inclusivo y democrático.
Fuente: Derechos Humanos en línea, IDEHPUCP, Edición Nº31, Mayo 2010