Ricardo Cuenca: «En los últimos doce años se extendió la oferta universitaria pero no se cuidó la calidad»

Nuestro investigador principal Ricardo Cuenca conversó con el diario «La República» para analizar algunas de las propuestas que plantea la nueva Ley Universitaria que debate el Congreso. A continuación reproducimos la entrevista.

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Ricardo Cuenca. Investigador pincipal del IEP y miembro del Consejo Nacional de Educación

“La discusión es de intereses y de poderes más que de ley”

Por Consuelo Alonzo (*)

El educador sostiene que era necesaria una ley para la educación superior y que es igualmente saludable que esta sea discutida ampliamente. A diferencia de los rectores no ve en el texto propuesto por la Comisión de Educación nada que atente contra la autonomía o pretenda intervenir a esas casas de estudio superior.

¿Considera que el texto sustitutorio de la Ley Universitaria viola la autonomía universitaria?
He revisado el texto y no encuentro ningún atentado o algo que ponga en riesgo la autonomía. De hecho, cuando uno lee el artículo 8°, que ya fue aprobado, en ninguno de sus numerales dice nada al respecto.

¿Ni siquiera con la creación de la Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria?
Justamente, la discusión de la autonomía está asociada a la creación de la Superintendencia. Ese es el punto. La discusión es cuánto poder estoy perdiendo.

Entonces, la SUNEU sí les resta autonomía a los rectores…
No. Le resta poder al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Así de específico.

Visto así, la discusión es solo de la ANR…
Lo que propone esta Superintendencia parte de un principio básico, y es que quienes autorizan el funcionamiento de universidades y velan por la calidad de la educación superior no pueden ser juez y parte. Y hasta ahora quienes han estado haciendo eso han sido la ANR y el Conafu.

Es decir, que concuerda con el congresista Daniel Mora, para quien los rectores van a perder el poder que tienen en la ANR.
Absolutamente. Eso es lo mismo que cree el Tribunal Constitucional.

Pero el CAL ha señalado que el proyecto sí es inconstitucional en varios de sus artículos.
Bueno, yo no soy abogado. A donde miro, no veo que se atente. Tampoco creo que el Congreso haga algo que les van a parar por ser inconstitucional.

Los rectores también sostienen que esta ley es confiscatoria
Escuché ese discurso, pero por lo menos hasta los artículos que han sido aprobados no está directamente presentado. Creo que cuando el Estado ha querido hacer eso, tanto para controlar o liberar el servicio, ha sido muy claro. En el fondo esto es una discusión de intereses y poderes más que un asunto de la ley.

Dicen que la SUNEU no debe estar adscrita al Minedu porque las universidades estarán sujetas al poder de turno…
Eso me parece el argumento más flaco que tienen. He revisado cuántos países de Latinoamérica tienen una figura parecida y la mayoría lo tiene. En el caso de Perú, no hay la posibilidad de que se cree un órgano del Estado que no esté adscrito a un sector. No puede estar descolgado del aparato estatal y eso no significa que dependa del Ministerio.

¿No va a depender?
El mejor ejemplo de todos es la Superintendencia de Banca y Seguros. En su reglamento, la SBS dice que está adscrito al MEF, pero nadie cree que el MEF es jefe de la SBS. Es la misma figura. La ley dice: ‘la Superintendencia está adscrita’, pero en ningún caso dice que depende de esa cartera. Es más, dice que tiene su propio pliego presupuestario.

¿La SUNEU garantizará que se eliminen las malas universidades?
Eso es lo que está planteado. Que en lugar de que como en Ecuador lo decida el presidente –el año pasado cerró 14 universidades–, la idea es que lo hagan personas representativas, las cuales tendrán que elegir qué mecanismos eligen para ello.

¿Tener universidades privadas de baja calidad es responsabilidad exclusiva del Conafu?
Exacto. El Conafu tiene el mandato de permitir y autorizar el funcionamiento de una universidad por un periodo y luego dar la licencia definitiva. A partir del 95 y 96 ha sido el órgano responsable, y en estos doce años se extendió la oferta pero no se cuidó la calidad.

(*) Fuente: La República (02/07/2013) / Foto: PUCP