25 años Jorge Parodi publicó el célebre libro “Ser obrero es algo relativo”, un trabajo que investigaba las causas de la erosión de la identidad obrera entre trabajadores industriales de Lima durante los años ochenta. Parodi encontró en su investigación a obreros metalúrgicos ansiosos por abandonar su condición de asalariados y convertirse en independientes informales, lo que hablaba de una identidad más fluida que la que sugerían los conceptos de “clase obrera” y “proletariado”. Con el libro en la mano, uno de mis más recordados profesores de sociología, Guillermo Rochabrún, nos decía en una clase: “lo importante de las identidades es ante quién se ejercen y para qué fines”. ¿Qué significa esta frase y a qué viene este recuerdo ahora?
Hace pocos días se aprobó la Ley de Consulta Previa que, desarrollando el convenio 169 de la OIT, establece que el Estado debe desarrollar mecanismos de consulta a los pueblos indígenas cuando este quiera adoptar alguna medida legislativa o administrativa que potencialmente los afecte directamente. La medida contó con amplio consenso político y se convirtió en una reivindicación simbólica de la oposición frente al gobierno pasado, que sin duda no podrá librarse del recuerdo de los sucesos del 5 de julio en Bagua. Aprobada la ley, queda preguntarse ¿quiénes son los indígenas en el Perú?
La pregunta puede parecer ociosa, pero no lo es. El Perú ha sido tradicionalmente conocido a nivel nacional e internacional como una de las raras excepciones en los países andinos por la ausencia de un movimiento indígena políticamente importante. En su reemplazo se encontraban la comunidad como institución y el campesino como actor, ambos asociados al imaginario clasista. Hasta hace muy poco las banderas indígenas eran levantadas por grupos más bien pequeños y aislados, algunos de ellos ubicados en la Amazonía y otros conformados por intelectuales provincianos en la sierra, ambos con poco éxito político. Lo indígena no era particularmente atractivo desde el punto de vista electoral ni como plataforma para relacionarse con el Estado.
¿Se debe esto a la relativa ausencia de población indígena en el país? El Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA), dirigido por el profesor Edward Telles de la Universidad de Princeton, presentó la semana pasada en la PUCP una encuesta sobre identidad étnica realizada en el Perú. Si observamos algunas de sus cifras, encontramos que en el país apenas un 5% de la población se auto identifica como indígena. Ello pese a que existe un 23% que dice tener prácticas y costumbres definidas como tales, y un 40% que reconoce tener ascendencia indígena. Por tanto, la “base potencial” de indígenas en el Perú es muy grande, pero la auto identificación como tal, que es la fundamental para la acción política, es muy reducida.
Las razones de esta escasa voluntad por reconocerse como indígenas se encuentran en el status inferior que estos ocupan en el imaginario nacional, con las consecuentes prácticas discriminatorias que de ello se desprenden. De hecho, esa misma encuesta registra que el 30% de los considerados indígenas pensaban que alguna vez habían sido discriminados por su color de piel y un 31% por su idioma o acento. Y es que en el Perú identificarse como indígena constituye la mayor parte de las veces un pasivo antes que un activo si se desea alcanzar la mayor cantidad de oportunidades posibles para una vida plena. Ser indígena, todavía, cierra más puertas de las que abre.
Sin embargo, esta situación puede cambiar en muchas partes del país en el futuro próximo a raíz de la reciente aprobación de la Ley de Consulta Previa. Del mismo modo en que los obreros de Parodi dejaron de participar del sindicato cuando ello les dejó de proporcionaba perspectivas de mejora salarial y estabilidad laboral, muchas comunidades campesinas que hoy guardan la identidad indígena en estado de latencia podrán mañana hacer uso de ella si ello significa un activo en sus relaciones con empresas privadas y con el propio Estado. En aquellos espacios en los que el Estado brilla por su ausencia, apelar a la identidad indígena y a la ley de consulta obligará a que este se haga presente, y otorgará mayor poder y margen de negociación a grupos que busquen mayores beneficios materiales para sus localidades como contraparte para alcanzar un acuerdo.
La ley, por lo tanto, significará una modificación importante en los términos en los que proyectos extractivos y de otra índole se negocian con potenciales afectados, pero también será un impulso para sacar lo indígena del baúl en muchos territorios. En efecto, lo importante de las identidades es ante quién se ejercen y con qué fines. Lo que no pudieron hacer varias décadas de activismo de aquellos grupos que buscaban revalorar lo indígena como plataforma social y política, lo puede llegar a lograr el Estado con una política pública. Más poder para quienes tenían muy poco y más desafíos para el nuevo gobierno.
Fuente: Noticias SER