A propósito de un estudio de la Universidad del Pacífico sobre las visiones del Perú para los próximos 50 años, el diario El Comercio publicó este fin de semana un análisis sobre la sostenibilidad de la economía peruana en una nota que recoge los puntos de vista de economistas de los principales centros de investigación del país. El informe ofrece la opinión de nuestra directora general, Roxana Barrantes.
En el artículo, la economista remarca la importancia de invertir en capital humano, ya que de lo contrario el actual esquema de crecimiento “podría colapsar”. “Para garantizar la sostenibilidad de nuestro actual crecimiento se requiere pasar a una economía del conocimiento que genere valor agregado”, enfatiza. Asimismo, añade: “cierto que otros sectores están creciendo, pero lo que no se está viendo es que este crecimiento va a tocar techo. Si no se mejora la calidad de la educación ahora, el modelo se agota”.
En referencia al rol que viene cumpliendo el Estado, nuestra directora general manifiesta que “el Perú tiene ahora un Banco Central de Reserva y un Ministerio de Economía sólidos, pero el problema estaría en la parte institucional. El fondo del asunto es que el Estado no garantiza todavía derechos similares entre los ciudadanos. No puede ser que el Estado dé un derecho de exploración minera y después mande a la empresa a negociar la licencia social, eso demuestra una debilidad institucional lamentable, el rol del Estado es muy débil”.
Para Barrantes la dependencia del país de los ingresos por minería no lo hace necesariamente vulnerable, ya que tenemos el ejemplo de Noruega, Australia y Canadá, países que basaron su crecimiento en la explotación de sus recursos naturales y les ha ido bien. La clave está en qué se hace con esos ingresos. “Ellos han invertido los excedentes en educación, en sistemas de innovación tecnológica y científica”, enfatiza la economista, y coincide con otros investigadores en que se debe buscar la diversificación de la economía.
Con respecto al gasto público, la economista manifiesta lo siguiente: “lo que se necesita es un cambio institucional en la provisión de servicios públicos universales que permitan mejorar la calidad de la educación, de las prestaciones de salud y otros, como la universalización del agua potable y alcantarillado. Mejorar la eficacia del gasto público depende de cambio institucional”.
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