Columna escrita por Roxana Barrantes para el Diario El Comercio ►https://bit.ly/2NCmYOM
Frente a las voces que sostienen que el Perú es un país que todavía no puede darse el lujo de cuidar la calidad del ambiente o la biodiversidad frente a la imperiosa necesidad de crear riqueza a partir de la explotación de sus abundantes recursos naturales, es importante destacar la labor silenciosa pero contundente que viene haciendo el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) con los escasos recursos económicos con los que cuenta.
No necesitamos ver a La Oroya para saber qué puede pasar con la salud de las personas y la calidad ambiental del territorio sin estándares ambientales. Comprendido como una mejora de la calidad de vida, el desarrollo económico tiene que estar acompañado de un cuidado por el ambiente. Pero cuidarlo es una tarea que requiere acción colectiva o, dicho en términos de una sociedad compleja, intervención del Estado.
El Perú ha ido paso a paso estableciendo la institucionalidad para la gestión ambiental. Inicialmente, junto con su tarea fundamental de promover inversiones, cada sector era responsable de la certificación ambiental de las actividades productivas y su posterior fiscalización.
Surgió así una gran contradicción: quien promovía las inversiones (el sector) era quien evaluaba los instrumentos de gestión ambiental propuestos. Esta contradicción es la que explica, parcialmente, los conflictos recurrentes en el corredor minero Las Bambas: la propuesta de transporte de minerales aprobada en el EIA (mineroducto) fue sustituida por el sistema actual con camiones que, bajo cualquier punto de razonabilidad, era un cambio mayor que debió ser consultado.
Con la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008, se crea también el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), cuyo objetivo inicial fue evaluar los instrumentos ambientales y fiscalizar su cumplimiento, dando así los pasos para separar las funciones de promoción de la inversión y la certificación y fiscalización. Por diversos motivos, el OEFA se dedicó a fiscalizar y, al dotársele de recursos propios, se le dio credibilidad al cumplimiento de sus funciones.
Quedaba por resolver la contradicción originaria, es decir, separar la certificación de la promoción de inversiones, particularmente los EIA de los grandes proyectos de inversión, aquellos que, si se concretan, agregan al PBI en puntos porcentuales. Para ello se creó el Senace en el 2012, con la responsabilidad de aprobar los estudios de evaluación de impacto ambiental detallados.
Para el 2018, se le asignó casi S/30 millones de presupuesto, cifra similar a la del 2017. Con ello ha sido capaz de certificar ambientalmente proyectos que exceden los US$4.000 millones y se encuentra estudiando una cartera de proyectos de más de US$6.000 millones. Este es una ratio de efectividad extraordinario y nos hace pensar que, si solo se le asignaran recursos por una centésima de la inversión que evalúan, el Perú podría desarrollarse económicamente más rápido.