Lee la columna de nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes ► https://bit.ly/2LY8vNh
Los peruanos tenemos varias “preferencias reveladas” como el cebiche y el pollo a la brasa, pero también nuestro gusto por la costa y el mar. ¿Evidencia? Alrededor del 58% de la población peruana vive en la costa, proporción que ha ido subiendo en los últimos veinte años. Aparte de colindar con el mar, la costa peruana es un desierto, lo que convierte a esta marea humana en una fuente de estrés hídrico, ya que 98% del agua disponible en nuestro país corresponde a la vertiente del río Amazonas y ¡solamente 2% a la vertiente del Pacífico, es decir, en la costa!
Cada ciudad de la costa peruana depende ahora de las lluvias en la sierra y de los glaciares. Como sabemos, el cambio climático está derritiendo los glaciares de la vertiente occidental de los andes. Hoy tenemos agua por este “bono” por desglaciación pero, en pocos años, sufriremos mayor escasez.
Para fijar las tarifas, las Empresas Prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento (EPS), deben hacer un estudio que incluya las previsiones por escasez de infraestructura de distribución de agua potable o de recojo y disposición de desagües, pero más y fundamentalmente, por escasez del recurso mismo.
Nuestro ordenamiento legal ya contempla la posibilidad de pagar por los denominados “servicios ecosistémicos” como, por ejemplo, la protección de cuencas a través de la reforestación en las partes altas. Por otro lado, todavía el costo de desalinización es prohibitivo para una distribución masiva en las ciudades de la costa.
Con todas estas consideraciones, cada una más técnica que la otra, es razonable que el marco regulatorio contemple que Sunass, como regulador, apruebe las tarifas, que consideran una actualización del plan maestro de la EPS, de tal modo de ampliar cobertura y calidad, incluyendo la importante oferta de 24 horas seguidas. Siendo un escenario de escasez del insumo y déficit de infraestructura, lo razonable es que las tarifas aumenten año a año.
Las alzas de tarifas no le gustan a nadie. No obstante, sin estas subidas como señal económica de escasez creciente y de déficit en la provisión que requiere importantes recursos financieros, corremos el riesgo de empeorar la calidad de vida en las ciudades.
Estos riesgos se magnifican cuando los reajustes de tarifas dependen de mecanismos de decisión política. El más reciente “Moqueguazo” ocurrió el año pasado, cuando por decisión del presidente del consejo de ministros, se anuló un alza de tarifas de agua para la ciudad de Moquegua. Ojalá que esta ocurrencia sea una excepción y no la regla para la fijación de las tarifas de un servicio público fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas. Estemos atentos de lo que pase en Tacna.