*Columna escrita por nuestra investigadora principal, Carolina Trivelli, para el diario El Comercio ►https://bit.ly/2JIMj59
El Perú fue reconocido como el país con el mejor entorno para la inclusión financiera en el 2014 y 2016 por el Microscopio Global del Economist Intelligence Unit. En el 2018 nos quedamos solo con el segundo puesto. Nos ganó Colombia.
Si bien es destacable estar entre los países con mejores condiciones para la inclusión financiera, los países que nos acompañan en los primeros lugares –Colombia, Uruguay e India– tienen más que mostrar. Nosotros seguimos ahí por lo hecho antes, más por inercia, y porque nuestro regulador es bueno y proactivo.
Colombia tiene una larga historia en el tema desde su Banca de las Oportunidades desde el 2006 hasta su Estrategia de Inclusión Financiera (2014), que está centrada en promover el uso de los servicios financieros y no solo el acceso a ellos. Además hay en Colombia un creciente y vibrante sector de Fintechs.
Uruguay en el 2014 aprobó una ley de inclusión financiera muy completa centrada en modernizar y digitalizar su sistema de pagos. Dicha ley logró en sus tres primeros años multiplicar por diez las transacciones digitales.
India ha puesto la inclusión financiera en el centro de su propuesta de digitalización (identidad digital, digitalización de pagos). Con ello pasó del 50% de adultos con al menos una cuenta en el sistema financiero en el 2014 a 80% en el 2017, incluso en sus áreas rurales (79%).
Lo común en estos tres casos es el claro liderazgo del sector público y el apoyo político a una propuesta técnica de alta calidad basada en la digitalización. Nuestro segundo puesto se explica por razones similares: el apoyo político, vía la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera –cuya implementación está a cargo de una comisión multisectorial liderada por el MEF– y la apuesta por la digitalización, destacando en ella los esfuerzos colaborativos del sector privado. Ambos procesos del 2015 o antes.
A pesar de contar con estas positivas condiciones vemos hoy que hay poca acción desde el sector público y que los esfuerzos de digitalización del sistema de pagos avanzan, pero a velocidad insuficiente.
Solo 43% de los adultos tiene una cuenta y un tercio de los que la tienen no la usan. Apenas 7% hace pagos o compras por Internet, 28% tiene una tarjeta de débito y 12% una de crédito (según el Global Findex 2017). Estamos muy por debajo del promedio mundial y lejos de la inclusión financiera.
Estar entre los primeros es bueno, pero debemos ser críticos y reconocer que vamos de bajada mientras los demás van de subida. El ránking es lo de menos, lo grave es que seguimos con bajos niveles de inclusión financiera y esto implica menor bienestar y menos oportunidades para millones de peruanos y un costo enorme para la economía, su competitividad y su formalidad.
Retomar la agenda de inclusión financiera debe ser una prioridad. Se sabe lo que hay que hacer –la estrategia detalla buena parte–, quién lo tiene que hacer y cómo hay que hacerlo. Falta liderazgo y decisión. Aló, ¿MEF?