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Segundos otra vez: Poco que celebrar, mucho por hacer

Lee la columna de nuestra investigadora principal, Carolina Trivelli ► https://bit.ly/2Xptgn0

 

Una década después de ser reconocidos como uno de los países con mejor entorno para la inclusión financiera, resulta que seguimos por debajo del promedio regional y muy por debajo del promedio mundial. Carolina Trivelli explica esta paradoja.

El Perú presenta una tremenda paradoja en materia de inclusión financiera. La presentación del nuevo Microscopio Global del Economist Intelligence Unit y sus socios (BID, Acción y otros) nos vuelve a poner en evidencia.[1] Por segundo año consecutivo salimos en segundo puesto, luego de más de ocho años en primer lugar. En general el Microscopio Global mide qué tan buen entorno hay en cada país para avanzar en inclusión financiera. En la práctica mide qué tanto la regulación y el compromiso del Estado demuestran compromiso en este aspecto. Lo que dice del Perú es que acá están dadas las condiciones para avanzar en inclusión financiera.

Pero la paradoja viene porque a pesar de ello seguimos siendo un país con baja inclusión financiera. Una década después de ser reconocidos como uno de los países con mejor entorno para la inclusión financiera, con buena regulación, con buenas normas complementarias, con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera –recientemente elevada a Política Nacional-, y resulta que seguimos con apenas cuatro de cada 10 adultos con al menos una cuenta en el sistema financiero, por debajo del promedio regional (5.4 de cada 10) y muy por debajo del promedio mundial (7 de cada 10).[2]

El buen entorno reconocido por el Microscopio Global empata con una economía que si bien crece más lento, sigue creciendo; con un incremento de las opciones de conectividad telefónica y digital; y con una clase media vulnerable pero vibrante, con actividades económicas –mayoritariamente informales- y niveles de consumo sostenidos, incluso crecientes.

Se podría argumentar que el buen entorno no ha logrado mover la inclusión financiera porque el sector privado no ha sabido aprovecharlo. Sin embargo, en búsqueda de rentabilidad, de ampliar sus actividades y encontrar oportunidades, en los últimos años hemos visto varias iniciativas que desde el sector privado dan cuenta de su interés por avanzar hacia una mayor inclusión financiera. Ahí están el rápido crecimiento de las redes de agentes –cajeros corresponsales no bancarios-, las mejores condiciones para la expansión del POS, el surgimiento de decenas de fintechs, y el esfuerzo colectivo de más de 30 entidades financieras al crear una billetera móvil interoperable (Bim). Todos son esfuerzos importantes, y también todos insuficientes, en escala, cobertura geográfica y divulgación; y también todos un poco desarticulados.

He ahí la paradoja. Tenemos un buen entorno, economía en positivo, un sistema financiero diverso –bancos, financieras, microfinancieras, etc.- y uno no financiero activo –empresas de tarjetas de crédito, fintechs, empresas de pagos, etc.- y sobre todo una demanda enorme por productos y servicios financieros en manos de una población que hoy pierde tiempo y dinero en trasladar efectivo para hacer pagos o cobranzas, que hace colas enormes para pagar servicios, que continua usando servicios informales para mover dinero de una provincia a otra, que se arriesga a ser asaltada mientras se traslada para hacer compras o transacciones.

Entonces, o los servicios que estamos ofreciendo a los hoy excluidos financieramente no son los que necesitan (son inadecuados, caros, con barreras de uso) o no estamos haciendo los esfuerzos para que los prueben y decidan si les sirven o no. Probablemente sean ambas cosas.

La inclusión financiera trae beneficios al individuo o empresa que se incluye: baja costos, riesgos, ahorra tiempo; trae beneficios a la economía: crecimiento, competitividad, productividad y reduce desigualdad; y trae mayor formalización. Por ello, resolver esta paradoja debería ser del mayor interés de al menos tres actores:

  • El Ejecutivo, el MEF en particular, para impulsar el crecimiento y la formalización de la economía, pero también para elevar la productividad y competitividad de los emprendedores y para poder conectar -de manera efectiva y directa- otros servicios disponibles en el sector público con las Pymes y los emprendedores individuales –fondos de garantía, programas de capacitación, oportunidades de financiamiento, etc.-. El Estado podría incrementar su propia competitividad si se digitalizaran los pagos que hace y recibe de las empresas y ciudadanos.
  • La Sunat, porque la inclusión financiera implica trazabilidad e implica información real sobre las actividades económicas de empresas, empresarios y personas.
  • A los prestadores de servicios financieros regulados -bancos y entidades de microfinanzas- y no regulados –fintechs, medios de pago- porque con ello ampliarían sus negocios y campos de acción.

Hay muchas iniciativas públicas y privadas –la mayoría bien intencionadas y positivas- pero todas operando en solitario. Así no avanzaremos. El plan de acción derivado de la Política Nacional de Inclusión Financiera en preparación debe dar cuenta de este desafío: sentar a los actores, comenzando por los que ganarán más con la inclusión financiera, y lograr que sus iniciativas trabajen juntas, coordinadamente y que conjuntamente identifiquen qué falta para que lo podamos hacer. Urge un rol activo de la secretaría técnica de la Comisión Multisectorial para la Inclusión Financiera en manos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y una clara y decidida voluntad política que articule los esfuerzos en marcha y active los pendientes. Urge tener una cara visible de esta voluntad y compromiso.

No debería ser tan difícil de hacer, más aún cuando es algo que trae bienestar, formalidad, seguridad, crecimiento y progreso.

[1]http://graphics.eiu.com/assets/images/public/global-microscope-2019/EIU_Microscopio_Global_2019.pdf

[2] Datos del Findex 2017.