Lee la columna escrita por Martín Tanaka, investigador prinicpal del IEP, en el diario El Comercio ► https://bit.ly/46KDTTH
Estamos ante una nueva y grave crisis en nuestro sistema de justicia. Recordemos que en julio del 2018 conocimos los indignantes audios en los que una red de jueces, fiscales, abogados y empresarios negociaba penas y acusaciones a cambio de “favores” diversos. Este escándalo de corrupción dio lugar a la formación de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia, sobre cuyas recomendaciones se realizó la reforma constitucional por medio de la que se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta Nacional de Justicia, con otra composición y mecanismo de elección, todo esto mediante el referéndum de diciembre del 2018.
Al revisar el documento, se constata que presenta recomendaciones que mantienen pertinencia y vigencia. El problema está en que, especialmente desde el 2021, a los viejos problemas del sistema de justicia se ha sumado uno más: su politización extrema. Esto no solo porque las decisiones de los protagonistas del sistema se toman, cada vez más, teniendo en consideración el contexto político y el impacto de las decisiones ante la opinión pública. Peor aún, actores políticos presionan abiertamente por medios diversos para incidir en decisiones judiciales que los involucran, vulnerando la independencia del sistema de justicia. Por ejemplo, decisiones legislativas que cambian los plazos de prescripción de delitos de corrupción, sanciones contra fiscales que toman decisiones propias de sus competencias o la formación de comisiones investigadoras y sancionadoras sobre decisiones de magistrados son muestras elocuentes de estos excesos. Todavía más, la defensa de intereses de procesados se disfraza de una lucha principista en contra de “mafias”. Así, se ha consolidado el discurso según el que existiría una “mafia caviar”, “coludida con la izquierda radical y otros sectores progresistas”, que le hacen el juego al “castrochavismo”, que debería ser erradicado. En nombre de esa supuesta cruzada se termina socavando avances en la lucha contra la corrupción.