Desde los debates entre Lenin y Chayanov se ha hecho evidente el interés de los científicos sociales —y de los políticos— por entender el devenir del campesinado mundial. Los análisis resaltaron constantemente cómo los procesos de cambio de los espacios rurales —debido al avance del capitalismo— conllevarían una transformación irreversible del campesinado y de sus lógicas particulares (familiares y comunales); mientras que otros resaltaron su persistencia o su coexistencia con lógicas productivas más orientadas al mercado. Tras cien años de estos debates, las explicaciones vertidas en ellos y sus contradicciones siguen siendo relevantes para analizar el escenario actual.
Para aterrizar este debate, voy a referirme a una de las instituciones más importantes del espacio rural peruano: las comunidades campesinas, que agrupan a una gran parte de los agricultores familiares de nuestro país. Me interesa resaltar cómo en las comunidades siguen dándose procesos que reivindican “lo comunal”, es decir, la toma de decisiones colectivas sobre el manejo de la tierra y de los recursos, en contraste con otras lógicas de apropiación privadas, individuales o familiares. Para ilustrar lo anterior, me centraré en un caso actual, que servirá de ejemplo para entender la reconfiguración de lo comunal.
Primero hay que señalar que, a pesar de las transformaciones ocurridas en los ámbitos rurales en las últimas décadas, las comunidades mantienen la defensa y reivindicación de sus territorios como uno de los ejes centrales en su quehacer político y en sus lógicas socioeconómicas. Ahora bien, a pesar de esta persistencia, las lógicas de apropiación y de manejo de los territorios comunales han variado en relación con los nuevos contextos, al igual que sus formas de organización e instituciones internas. Por ejemplo, muchas comunidades han pasado por procesos de individualización en su interior tras la liberalización y apertura del mercado de tierras durante el gobierno de Alberto Fujimori. Además, las estrategias de vida de las familias comuneras han cambiado desde los años ochenta, así como también se hizo más fluida la interrelación y comunicación entre los espacios urbanos y rurales. En este contexto, las actividades agropecuarias pierden protagonismo en la composición de los ingresos de las familias y los territorios rurales de las comunidades se vuelven multifuncionales, en tanto nuevas actividades y actores no vinculados a lo agropecuario hacen su aparición.
Esta presencia de nuevos actores en los territorios comunales no es neutral. Por ejemplo, la minería a gran escala, las actividades petroleras y la agroindustria juegan un rol central en las disputas que emergen en los territorios comunales debido a la presión que ejercen sobre los recursos. Lo anterior ha traído consigo cambios en las formas de tenencia de la tierra, en la valorización de los recursos y en las estrategias para defender el territorio.[1] Como resultado, tenemos un escenario de disputa entre actores locales, nacionales (privados y estatales) y globales.
En estos escenarios de disputa, las comunidades se reclaman propietarias y reivindican sus territorios reconfigurándolos y, en muchos casos, reposicionando lógicas comunales desde las formas en que manejan el acceso y uso de sus recursos. Un claro ejemplo de esto último son los nuevos procesos de comunalización[2] que se vienen desarrollando desde el superciclo minero, en particular, en comunidades del sur del país. Pero, además de ello, más recientemente, también vienen ocurriendo otro tipo de procesos de comunalización vinculados a iniciativas extractivas desde las propias comunidades que reivindican su derecho a extraer mineral en sus territorios.
Procesos como este último vienen ocurriendo en comunidades campesinas de regiones como Apurímac[3] y Cuzco. A partir de trabajos etnográficos realizados en el marco del proyecto de investigación “Entendiendo el nuevo escenario rural: configuraciones de poder y políticas públicas en territorios en cambio”,[4] logramos observar lo que hemos llamado “minería desde las comunidades”. Se trata de un fenómeno que empieza a darse desde el año 2015, intensificándose notablemente con la pandemia de la covid-19 y el retorno de gran parte de la población a sus comunidades de origen.[5] Gracias al “saber minero” que muchos comuneros o familiares migrantes (principalmente varones) adquirieron trabajando en enclaves mineros de localidades como Secocha (Arequipa), Relave (Ayacucho), La Rinconada (Puno) o en distintos puntos de Puerto Maldonado (Madre de Dios), las familias comuneras empiezan a realizar esta actividad en sus propias comunidades de origen.[6] De esta forma, la minería artesanal se ha ido convirtiendo en una actividad central para el ingreso de las familias, al punto de reconfigurar el ámbito socioeconómico y los espacios de poder.
Ante el importante número de familias y comuneros que se dedican a esta actividad, las comunidades han creado nuevas instancias para controlar el acceso y el usufructo del mineral. La gran mayoría ha establecido parámetros y normas que restringen la extracción solo a los comuneros empadronados y a los yernos, con variaciones en los sistemas de trabajo permitidos y en la contratación de la mano de obra foránea asalariada. Lo crucial aquí es que, en todos los casos, solo los comuneros pueden invertir como representantes de la “labor” [7] y ser sus usufructuarios directos.[8] Asimismo, en algunos casos, terrenos previamente parcelados se han convertido en terrenos comunales de “uso libre” para los comuneros que deseen invertir y abrir una mina, previa solicitud a la junta directiva de la comunidad o aprobación de la asamblea. De esta manera, frente a la importancia que viene cobrando esta actividad, los órganos de gobierno de la comunidad redefinen sus funciones y adquieren un nuevo protagonismo.
Otro punto interesante es que, como parte de estos nuevos procesos de comunalización, se construyen narrativas sobre los derechos comunales a la extracción. En el discurso comunero, lo anterior se explica como un derecho de las comunidades a explotar los recursos de su propio territorio para obtener beneficios directos para las familias, haciendo un claro contraste con la actividad de las grandes empresas mineras que “extraen mineral y se llevan las ganancias fuera”. En este sentido, estas narrativas pueden entenderse también como una forma (distinta) de reivindicación del territorio comunal y del derecho a su usufructo.
En este contexto, ciertas comunidades de Chumbivilcas han creado instituciones comunales como las asociaciones de mineros artesanos y comuneros, que operan incluso organizadas a escala distrital. Asimismo, se han creado otras instituciones, como los comités de recursos naturales, que se encargan de manejar las zonas ecológicas y los efectos socioambientales que podrían tener las labores mineras. Vemos así cómo “lo comunal” va materializándose en nuevas instancias de decisión y espacios de poder y participación. De manera conjunta, se van creando nuevas valoraciones y usos de los recursos que emergen en articulación con actores externos, como empresas procesadoras de mineral, compradores, acopiadores, grandes empresas mineras y con el mercado internacional.
Una reflexión final a partir del caso presentado es que, incluso con la presencia de la minería artesanal, el trabajo de la tierra sigue ocupando un lugar importante en las estrategias de vida de las familias comuneras. Casos como el de la minería desde las comunidades del sur nos muestran que la relación que estas establecen con la tierra es multidimensional y que el agro compone también una de estas dimensiones. De tal forma, tenemos una coexistencia y superposición de lógicas de apropiación del territorio, donde lo comunal sigue siendo fundamental para el manejo y acceso a los recursos.
Ampliar nuestra comprensión sobre el campesinado y las comunidades en la actualidad implica entender estas nuevas dinámicas. En ese sentido, el caso de la actividad minera que se está realizando en algunas comunidades campesinas del sur representa una oportunidad analítica para entender el rol que hoy en día tienen las comunidades campesinas en un escenario muy complejo de vulnerabilidad, disputa y reivindicaciones históricas.
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[1] Un trabajo que muestra este cambio en los usos y la valorización de la tierra en un contexto de presencia minera en comunidades andinas es el de María Luisa Burneo y Anahí Chaparro, en Burneo, María Luisa y Anahí Chaparro (2010). “Poder, comunidades campesinas e industria minera: el gobierno comunal y el acceso a los recursos en el caso de Michiquillay”. Anthropologica, vol. 28: 85-110.
[2] Término acuñado por Alejandro Diez. Véase Diez Hurtado, Alejandro (1998). Comunes y haciendas: procesos de comunalización en la Sierra de Piura (siglos XVIII al XX). Piura, Cuzco: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.
[3] Véase Alata Quispe, Eyner (2016). La inserción de la minería artesanal en la economía familiar campesina: un estudio de caso en la comunidad campesina de Ayahuay (Apurímac). Tesis.
[4] Proyecto dirigido por los investigadores Raúl Asensio, María Luisa Burneo y Carlos de los Ríos.
[5] Un factor que explica el contexto en el que se da este fenómeno es la subida de las cotizaciones de los minerales a nivel mundial (principalmente oro y cobre). José De Echave y Cooperacción también vienen trabajando el tema en la actualidad. Véase: https://cooperaccion.org.pe/mineria-informal-y-violencia-donde-estamos/
[6] Nuestro trabajo de campo se centró en comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cuzco.
[7] Término que se usa localmente para referirse a las minas de tipo socavón que construyen en territorio de las comunidades campesinas.
[8] Hay casos en los que algunas comunidades permiten que inversionistas foráneos participen, pero no como representantes y nunca sin la presencia de algún comunero dentro de las sociedades mineras que se han ido formando en las comunidades.