Diferencias en las opiniones, pero sobre todo, en las reacciones a la crisis generada por el fallido golpe de estado de Pedro Castillo y la sucesión presidencial consensuada entre sus enemigos y quien fuera su vicepresidenta, parecen distanciar a la capital de las provincias, particularmente del centro, el sur y el oriente del país. Efectivamente, frente a unas pocas concentraciones en Lima[1], más de militantes que de amplios sectores de ciudadanos indignados, en 98 provincias del país, la Defensoría del Pueblo registró, entre el 15 de diciembre y el 13 de enero, grandes acciones colectivas de protesta y hasta actos violentos. A lo largo de un mes de protesta se registraron, variando los días, entre 50 y 120 puntos de bloqueo de carreteras. Y como no se veía desde hacía décadas, la reacción de las fuerzas del orden a las protestas viene dejando más de cincuenta civiles fallecidos[2], cifra que podría incrementarse, aunque solo fuera por la gravedad de algunos de los heridos. El número de heridos al 14 de enero era de 698 civiles, el 64% de ellos en Puno, Apurímac y Ayacucho; hay igualmente, 442 policías resultaron heridos.
Dos años antes, en noviembre de 2020, protestas populares se levantaron en contra de Manuel Merino, después de que el Congreso vacara a Martín Vizcarra, el presidente que reemplazó al también vacado Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016.
El primer contraste con la situación actual, es que la salida de Kuczynski y la asunción de Vizcarra a la presidencia, no había sido rechazada por la población. Por el contrario, un alto respaldo acompañó a Vizcarra hasta el final de su mandato: tenía 60% de aprobación en octubre del 2020, unos días antes de ser vacado por un congreso con 30% de aprobación: la mitad que la del presidente, pero el triple que el congreso actual.
El segundo contraste con la versión actual de la crisis política, es que aquella vez las manifestaciones en contra de Merino y el Congreso abarcaron casi todas las ciudades del país: hubo manifestaciones en Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Cusco, Huancavelica, Abancay, Tacna, Tumbes, Puno, Puerto Maldonado, Huaraz, Chimbote. Pero, sobre todo, las movilizaciones fueron masivas en Lima, semejantes a las que en días pasados protagonizó el pueblo de Juliaca para acompañar a sus muertos, con decenas de miles de personas. Muestra de ello fueron los únicos dos muertos, Inti Sotelo y Brian Pintado, caídos en la movilización en el centro de Lima por balas de la policía. El 15 de noviembre, ante una situación insostenible, Merino renunció y el Congreso eligió una nueva mesa directiva en la que participaron solo los que se opusieron a la vacancia de Vizcarra. Su nuevo presidente, Francisco Sagasti, asumió la presidencia de la República, convocó inmediatamente a elecciones y la crisis se superó. Temporalmente.
La población de Lima, esta vez, viene quedando relativamente al margen de las protestas, lo mismo que las regiones del norte, particularmente de la costa. Más bien las protestas, esta vez, se producen en lugares menos centrales, principalmente en provincias de alta pobreza; por eso mismo son menos centrales y su paralización afecta poco la economía. Salvo cuando bloquean carreteras “importantes” o afectan actividades de sus propias regiones, como el turismo en Cusco o Puno. Pero no es la economía de la capital. Son las mismas provincias donde, desde más de una década, sus ciudadanos y ciudadanas emiten mayoritariamente un voto por opciones de cambio y, efectivamente, esas opciones se distancian de la mayoría de los sectores de la capital y la costa norte. Esa distancia se observó antes; en las elecciones de 2006, por ejemplo, en que las regiones del centro y el sur mayoritariamente votaron por Ollanta Humala en segunda vuelta, en tanto que el peso de 2 millones de votos en Lima marcó el triunfo de Alan García.
Si bien en las protestas actuales hay el sustrato común de tres demandas precisas: la renuncia de la presidenta, la inmediata convocatoria a nuevas elecciones y la consulta sobre una asamblea constituyente, las realidades de la protesta se han nutrido de actores y estrategias muy diversas, además de ser aprovechadas por toda suerte de aventureros de la radicalidad. Zonas de bloqueo de carreteras como Ica y Virú pusieron en práctica repertorios de acción que se mostraron eficaces en acciones colectivas contra la ley agraria en diciembre del 2020. Otras zonas han logrado la movilización ordenada de gremios como en La Convención que ha mantenido acciones colectivas casi todo el período. Mineros ilegales parecen haber participado en el bloqueo de carretera de Chala, y radicalizado y vandalizado movimientos en Majes, ante la protesta de los propios campesinos movilizados. Las movilizaciones en Puno y Juliaca se han nutrido de sectores rurales importantes. Lo mismo que en la ciudad de Cusco, donde fue asesinado un dirigente campesino de Anta. Pueblos diversos, composiciones diversas, ponen en juego repertorios de acción colectiva diferentes, que, al final, resultan homogenizados violentamente por la fuerte represión policial.
Qué esperan que cambie. Probablemente que tengamos una democracia que se sustente en una presencia del estado con servicios de igual calidad en el territorio. No “más plata” para que los alcaldes “hagan obras”. Piden que su estado (nacional o regional o local, pero alguno) les brinde servicios: de asistencia técnica, o de transporte escolar hacia escuelas secundarias rurales de excelencia, o de descontaminación de cuencas. Por años el pueblo de Puno se ha movilizado por la descontaminación del Ramis, o del Coata, o en las cuencas de Amazonas y Loreto donde pueblos indígenas reclaman volver a tener ríos limpios, con aguas bebibles y peces, como antes de que las petroleras los contaminaran. La pandemia mostró hospitales desabastecidos, sin personal de alta calificación y con gente muriendo sin atención. Quizás esperan cambios en la descentralización fallida, desordenada, abierta a la corrupción y sin contrapeso al detestado centralismo.
Son las provincias con pocas condiciones para aprovechar oportunidades de mercado y quieren que eso cambie; tienen iniciativas, pero se cortan: pequeños productores han convertido a Puno en la segunda cuenca lechera del país con mucho esfuerzo, pero el deterioro de sus recursos les impide avanzar. Así, son provincias donde muchos tienen “techos de cristal”[3] para progresar; o sus pueblos se encuentran en “trampas de pobreza”; en situaciones colectivas de precariedad de recursos o de ausencia de servicios.
Analizando precisamente las elecciones de 2006, Alberto Vergara proponía leer las alineaciones votantes no solo como opciones institucionales (preferencias por políticas más discrecionales o más definidas por leyes) u opciones económicas (intervencionismo vs librecambio), sino alineadas en torno a un eje Estado Nacional, donde un sector de la población espera ser incluido en el estado nación y gozar de derechos, servicios u oportunidades, y otro, post estado nación, ya integrado, que esperaba más bien que el estado no se metiera y dejara espacios libres para desarrollar iniciativas[4]. Estas opciones, con relevancia territorial, generaban el mapa que hoy aparece: una capital y regiones de alta integración a los mercados y los servicios, que vieron con alivio la vacancia de Pedro Castillo y esperan que transcurran los plazos previstos de recambio político; y una sierra centro – sur esperando cambios inclusivos, que habían encontrado (¡por fin!) que un presidente venía de sus filas y que trabajaría por ellos, y que, ante el fracaso de su gobierno, quieren censurar a quienes lo asediaron y volver lo antes posible a echar los dados y volver a intentar, en democracia, un gobierno de cambios.
Más de cincuenta muertos, en una democracia, es un costo demasiado alto, pero parecen dispuestos a seguir adelante. Al momento de redactar estas notas, miles de ciudadanos y ciudadanas de las provincias de la protesta están llegando a la capital a desarrollar un paro y unas movilizaciones que hagan evidente su demanda, que es política, y no es, como quisiera el ejecutivo, una lista de lavandería de obras dispersas. Es una protesta por la orientación del estado. Es política y parecen saber que si la protesta sigue en las calles de Juliaca o de Andahuaylas o de Quillabamba o de Huamanga, aunque se sumen más muertes, no se tomarán las decisiones que esperan.
Al momento de escribir estas notas, además, en el apartado poblado de Macusani, en Carabaya – Puno, la respuesta con balas de la policía a las protestas ha provocado dos muertes más. Ojalá sean las últimas, aunque la actitud del gobierno no deja muchas esperanzas.
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[1] El presente artículo fue terminado el 18 de enero de 2023 (NdelE)
[2] La Defensoría del Pueblo lista en sus reportes diarios de crisis, con nombre, edad, y la fecha en que la persona murió, a los 41 fallecidos, además de un policía cruelmente asesinado en Juliaca. La Defensoría ha registrado además el fallecimiento de 7 personas producto de los bloqueos de carreteras. Al cerrar este artículo, otra persona fallecía en Juliaca y una en Macusani, quedando aún otra gravemente herida de bala.
[3] La expresión se utiliza para mostrar la situación de mujeres que la sociedad patriarcal no permite progresar de cierto nivel de autoridad o de desarrollo profesional.
[4] Vergara, Alberto. Ni amnésicos ni irracionales. Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica. Lima: Solar Central, 2007