Ha pasado un mes desde el derrame de petróleo de la empresa Repsol. Más allá del enorme daño ambiental, la falta de transparencia y la negligente respuesta de la empresa, hay un tema crucial que debe ser atendido: las comunidades costeras que se han visto afectadas en su actividad económica y su vida en general. Y para abordar ese problema hay que abordar un tema que ha pasado relativamente desapercibido: la respuesta estatal.
Es cierto que Repsol no es solo la responsable del derrame, sino también de la falta de una respuesta adecuada en los días críticos que siguieron a este, y que lo convirtió en un desastre mayor. Pero, además de ello, ¿por qué no hubo una respuesta más articulada de parte del Estado? ¿Qué papel tiene el gobierno de turno en esta “lentitud” y falta de capacidad para enfrentar la negligencia de la empresa?
La empresa
Ha quedado evidenciado que Repsol no respondió adecuadamente ante el desastre; una semana tardó en salir su director en un medio nacional a reconocer que se cometieron “errores”. La respuesta demoró demasiado. O bien no Lo que se ha confirmado, además, es que esta sabía que operaba en una zona de riesgo, y debía estar preparada para un evento así,[1] pero no lo estaba.
Ya se ha dicho mucho sobre este tema en los últimos días, y los expertos ya han hablado claro sobre los impactos ambientales y (recientemente) acerca de la deficiente infraestructura de las instalaciones y los consabidos riesgos.[2] Pero ¿por qué la empresa tuvo espacio para actuar de esta manera?
El Estado (y el gobierno actual)
Frente a la crisis, la respuesta estatal ha dejado la sensación de una parálisis inicial y un desorden posterior. Evidencia de ello fue que, conforme pasaron los días, el Gobierno buscó justificar su débil respuesta en la falta de claridad de la información que le brindaba la empresa; aun siendo cierto, ello no explica todo lo ocurrido. Un tema clave fue la falta de claridad del Gobierno sobre el marco institucional estatal en la materia. Por un lado, de acuerdo a los especialistas, la ley de declaratoria ambiental[3] no está diseñada para que el Estado conduzca las operaciones de respuesta ante tamaño desastre ambiental, sino para fiscalizar y supervisar a las empresas según el principio de que “el que contamina paga” y conduce la contención, limpieza y remediación; no es, pues, un marco para activar protocolos en el Estado frente a desastres de gran magnitud. Por otro lado, el marco normativo vinculado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) apunta a organizar —al menos en teoría— la respuesta coordinada del Estado y sus distintas instancias. Sin embargo, este no fue el mecanismo normativo que se activó para responder a este desastre.
Está claro que hubo confusión desde el Gobierno para activar con celeridad un mecanismo de respuesta frente al derrame; ello se dio, es cierto, en el marco de un Estado que se caracteriza por la prevalencia de la lógica sectorial y la falta de coordinación y articulación entre instancias estatales. Cada entidad empezó a actuar en el marco de sus competencias (Minam, Produce, Sernamp, Midis, municipalidades, entre otras), unos fiscalizando y supervisando las acciones de la empresa, otros pensando —tardíamente— en un bono para la población afectada, otros analizando los daños en las tres reservas o tratando de salvar animales afectados, etc.
De hecho, cuando la PCM, recién una semana después del derrame, convoca al Conagerd (Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, el órgano de toma de decisiones estratégicas ante desastres de más alto nivel), era ya un poco tarde por decir lo menos. Ese mecanismo establece que se activen algunas funciones del COEN y del Indeci, que cuentan con un sistema de monitoreo, puntos focales ya establecidos, etc. Pero antes de ello, solo se había creado un Comité de Crisis,[4] cuya secretaría técnica fue encargada al Minam por tratarse de un tema ambiental —en un momento en el que la cartera no tenía ningún liderazgo claro—. Recordemos, además, que la institucionalidad ganada años atrás se ha visto debilitada por presiones empresariales que derivaron en los “paquetazos ambientales” de los últimos años.
Si bien el rol del Minam es fundamental en una crisis como esta, no es suficiente: se requerían acciones coordinadas. El sector ambiental tiene experiencia normativa y fiscalizadora, pero su rol no es (y no tiene el peso político para ello) conducir las acciones de otros ministerios y sectores. Este Comité hubiese tenido que crear una nueva institucionalidad para gestionar la crisis, cuando ya existía un sistema para eso (en el Sinagerd). ¿Cómo explicar este desorden? ¿Desencuentros entre los sectores del Ejecutivo? ¿Falta de decisión y coordinación? ¿Problemas en la designación de funcionarios encargados? Quizás una combinación de todo ello. Pero a lo anterior hay que agregar algo clave: décadas de un Estado neoliberal que “ha dejado actuar” a los privados por encima de las garantías mínimas de lo público.
Ahora bien, incluso con todo lo anterior, no se trata de eximir a Repsol: recién al tercer o cuarto día fue quedando más clara la real magnitud del derrame. Recordemos que pasamos de pensar que fueron 6 barriles a 6000 y luego a 11.900… Saquen ustedes sus conclusiones.
Las comunidades locales y los pescadores
Otro aspecto que revela cómo esta crisis sobrepasó las capacidades del Estado y las del Gobierno es la falta de decisión y de canales institucionales para sentarse a coordinar con las personas y organizaciones afectadas. ¿Por qué no se involucró a las comunidades locales y familias pescadoras desde el inicio? Estas son quienes conocen el entorno, quienes salen cada madrugada a la pesca, quienes habitan ese espacio costero. Pero nuevamente, ¿no había protocolos? ¿No había un sistema de alerta temprana? Y más aún, ¿por qué el Estado permite (dese hace décadas) que las empresas privadas operen así en nuestro territorio, sin tener en cuenta como agentes con decisión a quienes habitan el espacio del cual extraen recursos?
Recientemente la empresa anunció ayudas puntuales a las familias afectadas. ¿Se llegó a eso en una negociación bilateral mientras por su lado el Estado anuncia sus propias medidas (bonos, etc.)? Pero además, ¿cómo y quién define quiénes son los afectados: familias pescadoras, comerciantes, negocios, todos? A un mes del derrame no hay un padrón de afectados integrado a escala estatal y conciliado con el de la empresa (o al menos no se ha dado a conocer).
Estado y empresa deben sentarse con asociaciones de pescadores y población en general a coordinar acciones no solo para responder ante las contingencias, sino para analizar las reparaciones, es decir, determinar un plan de mediano plazo que vaya más allá del tema económico. La empresa debe hacerse cargo de los costos, claro está, pero es el Estado quien debe organizar las reparaciones de manera consensuada y coordinada entre comunidades locales, organizaciones, gobierno local y otras instancias competentes, y definir con la población componentes de la compensación acordes con el daño causado. Tres palabras claves: coordinación, articulación, respeto. No se necesita “más Estado”, sino uno con capacidad de involucrar a las comunidades locales como agentes políticos —y no solo como afectadas—, uno con capacidad de articulación y con un peso real sobre lo privado. Sin ello continuarán pasando todo por agua tibia, entre la negligencia —en este caso— y el despojo —en otros contextos—, tal como sucede hace años en diversos territorios del país.
[1] Véase el interesante informe de Ojo Público en https://ojo-publico.com/3306/derrame-de-repsol-elevada-contaminacion-en-playas-afectadas
[2] Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, y Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú en Al Filo (https://lamula.pe/2022/02/16/spda-al-filo-la-mula-tv-isabel-calle-derrame-repsol-respuesta-estado/redaccionmulera/).
[3] Cabe señalar que la ley de declaratoria ambiental no establece que el Minam deba conducir la respuesta estatal, sino que “conduce” un proceso de declaración de la respuesta que debe incluir un plan de acción junto con Indeci. Este plan de acción establece las responsabilidades sectoriales, pero no tiene un mecanismo de coordinación entre las instancias competentes, que es lo que hace falta frente a una crisis que trasciende el tema ambiental.
[4] Véase https://elperuano.pe/noticia/137714-gobierno-crea-comite-de-crisis-para-enfrentar-derrame-de-petroleo-en-ventanilla