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[CRÍTICA Y DEBATES] Reactivar el aparato público pospandemia, por Carolina Trivelli

En la coyuntura actual, marcada por el Bicentenario y el relevo gubernamental, urge discutir cómo se debe reactivar el Estado pospandemia, es decir, cómo debemos poner en marcha la reactivación de aquellos servicios públicos que se encuentran aún detenidos -del todo o a medias- en muchos sectores. Hay que retomar servicios y hay que hacerlo mejor.

Hay una enorme oportunidad para introducir innovaciones en ese proceso de reactivación, hay que aprovechar el impulso y flexibilidad que nos ha dado este tiempo pandémico para ello. Usar más lo digital, por ejemplo, para llevar más y mejores servicios a los ciudadanos. Claro, sin caer en el absurdo de pensar que todo y todos podemos movernos a lo digital, ni que lo digital es la solución para todos nuestros problemas. Lo digital ayuda a mejorar los servicios públicos y a una gestión más ágil, eficiente y efectiva del aparato público, solo si va en combinación con los formatos más tradicionales y analógicos.

Hay cuatro asuntos que propongo discutir en este texto que deberían estar en el debate sobre cómo priorizar acciones del aparato público: primero sobre el propio proceso de reactivación del aparato público, segundo, sobre la atención de las demandas sociales urgentes, tercero, sobre la planificación de la atención a emergencias futuras y, finalmente, la urgencia de una nueva mirada sobre el sector agrario y rural.

Sobre, el primer punto, la urgente reactivación del aparato público y sus servicios. Ya no estamos en una situación de emergencia, estamos entrando en una nueva etapa en la que conviviremos con el virus, y por tanto debemos adaptarnos. Los servicios que brinda el aparato público deben, por un lado, seguir enfocándose en la atención a la emergencia derivada de la Covid-19. Esto implica continuar el esfuerzo de vacunación masiva y los esquemas de soporte a la situación de crisis que atraviesan muchos grupos sociales. Esta vía debe mantenerse activa bajo el liderazgo del sector salud, pero también debe complementarse con sectores relacionados a la dotación de alimentos.

Por otro lado, también debe promoverse la recuperación de los servicios básicos relevantes para la ciudadanía con el objetivo de retomar un mínimo de calidad en las prestaciones del aparato público, esto implica retomar (mejorando e innovando) asuntos claves:

a) la salud preventiva, la cual no se asocia a la reacción frente a la emergencia, sino a métodos de prevención de distintos tipos de problemas de salud (desde la anemia, la salud sexual y  reproductiva, chequeos preventivos, operaciones regulares, etc.),

b) una vuelta a clases progresiva con mecanismos de avance y también de retroceso en función a la situación epidemiológica. Esto exige mantener el esquema virtual a la vez que se generan rutas para el retorno a las escuelas y universidades, fomentando que la coexistiencia de ambos sistemas se convierta en una mejora de las condiciones educativas para los niños, así como para sus familias y,

c) los sistemas de trámites, seguridad y justicia, que están en muchos casos atorados de procesos en marcha. Hay que desembalsar y agilizar, aligerar, los sistemas de trámites (acá lo digital tiene enorme potencial) y facilitar los esquemas de denuncias y acelerar los procesos judiciales. Estos tres ámbitos deberían ser prioritarios de reactivar, con mucha innovación: atención a la situación Covid19 y salud preventiva, educación presencial combinada con virtual allí donde se pueda y agilizar trámites y servicios asociados a asuntos de seguridad y materia judicial.

Un segundo ámbito clave para retomar actividades más permanentes del aparato público se refiere a las actividades que ayuden a los ciudadanos a que respondan a las crisis que enfrentan hoy, en particular a los ciudadanos más vulnerables. Al menos dos temas deben ser prioritarios: el empleo y la atención al problema del hambre. En trabajo y empleo, hay varias iniciativas de trabajo temporal, que son muy pertinentes en el marco de la emergencia, y que deben continuar, mejorarse y consolidarse. El desafío mayor consiste en cómo comenzar a generar instrumentos que garanticen su sostenibilidad, su tránsito hacia oportunidades de empleos permanentes y formales. Allí se requiere un esfuerzo del aparato público, el cual puede involucrar al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas y PRODUCE. Asimismo, sectores como Agricultura y Comercio Exterior pueden jugar un rol fundamental en la generación de paquetes de incentivos para la reactivación de determinados tipos de empresas con ciertas condiciones para fomentar el empleo. Como país tenemos muy poca experiencia en ello. La informalidad, claramente, ha crecido y sabemos que la alta informalidad es uno de los pilares que explica por qué nos ha afectado tanto la pandemia.

En cuanto a la atención del hambre y los necesarios cambios en los sistemas alimentarios, hay que reconocer que el hambre ha vuelto a ser un tema crítico en el Perú a raíz de la pandemia. En nuestro país veníamos enfrentando temas asociados a la malnutrición, anemia, desnutrición crónica infantil, sobrepeso y obesidad, que eran temas asociados a los asuntos alimentarios, pero el hambre ya no era un tema de preocupación. Bueno, hoy día lo es. Los datos que ha publicado la FAO recientemente, muestran que, en general, América Latina es la región del mundo donde el tema del hambre ha crecido más.[1] En el Perú, hay un incremento sustantivo del número de personas con hambre, una encuesta del Programa Mundial de Alimentos en enero señaló que hay un 12% de peruanos que están pasando hambre.[2] Eso es dramático.

Desgraciadamente, la respuesta del aparato público a los temas de hambre, es una respuesta muy parcial y requerimos un plan de emergencia, pues el tema del hambre no se va a resolver inmediatamente, nos quedan muchos meses todavía enfrentando situaciones de hambre en zonas urbanas, principalmente, pero también en las zonas rurales. Entonces, allí también necesitamos que el aparato público tenga una respuesta mejor que Qali Warma donando bolsas de alimento a los municipios, ollas comunes o comedores populares. Se requiere una política de Estado para ello.

El tercer punto donde actuar ahora es en definir mejores protocolos para enfrentar emergencias. Como nos ha pasado en casi todas de ellas en los últimos años, durante la emergencia nos llenamos de recomendaciones sobre cómo deberíamos prepararnos para la próxima emergencia y luego no lo hacemos. La reactivación del Estado debería establecer una línea de trabajo sobre cómo gestionar una próxima emergencia (pandemia, terremoto, fenómeno del Niño, etc.). Esto significa tener los dispositivos legales y las autorizaciones para que el Estado reaccione de manera eficiente, efectiva y rápida en el momento de una emergencia sin recurrir a los parches que vimos en el año 2020, muchos de los cuales fueron efectivos e importantes, pero pudieron ser mejores. Entonces, es crucial estar listos para activar la articulación intersectorial en situaciones excepcionales, en las cuales el Estado puede operar con reglas relativamente distintas.

El cuarto asunto en el cual debemos exigir una mirada renovada es sobre cómo se atiende el sector agropecuario y el mundo rural. Vimos durante la emergencia que si un sector no se detuvo fue el sector de producción de alimentos. Esto, además de bien valorado por los consumidores urbanos, debe llamarnos a una reflexión acerca de cómo garantizar que el sector agroalimentario funcione mejor. Desde cómo mejoramos los mercados mayoristas para hacerlos más transparentes, limpios y seguros, hasta cómo contribuimos a que los productores de alimentos en el Perú, en su mayoría agricultores familiares tengan una vida próspera y digna y tengan las condiciones para mejorar la calidad y cantidad de su producción para que sean el sostén de la cadena alimentaria. Reactivar el Estado para el sector agropecuario es fundamental reconociendo que, antes de la pandemia, este sector estaba ya muy mal atendido.

Complementariamente, podemos establecer tres elementos transversales a la implementación de los cuatro puntos de la reactivación del Estado. En primer lugar, volver a la operatividad del Estado que había en enero del 2020 no debería ser una aspiración, sino un piso mínimo al que se tendría que retornar. La situación de provisión de estos servicios (salud, educación, justicia, programas sociales, empleo, hambre, atención a emergencias, atención al agro y al mundo rural) no estaba ni lejanamente en un nivel aceptable. Por lo tanto, tenemos que retomar, pero con la perspectiva de mejorar los procesos. Para eso hay que gastar mejor y tener mejores planes que sean implementables y financiables. Esto tiene que ver con decisiones de presupuesto público para superar su carácter inercial y promover una ejecución con mayor calidad.

En segunda instancia, tenemos que quitarnos la fantasía de que el Estado es un sistema que funciona ágilmente y que quien llega, le puede dar un giro rápidamente. Mover el aparato público es difícil, requiere mucha gente actuando en el mismo sentido y mucho tiempo, pues incluso cuando estamos de acuerdo en lo que se debe hacer, la implementación no es inmediata. Hay tiempos y formas que definen cómo se hacen las cosas dentro del aparato público que no se pueden saltar. Eso va a jugar en contra de las posibilidades que tenga el nuevo gobierno de actuar rápido. Por ello, es fundamental que se enfoque en dos o tres políticas imprescindibles como continuar con la vacunación, retomar dos o tres actividades y que concentre todo su esfuerzo (técnicos, liderazgos políticos y construcción de narrativa nacional) para que una porción del Estado, al menos, pueda orientarse a mejorar en las áreas que se prioricen.

Finalmente, en tercera instancia, la conversación con el Congreso es vital para que el Estado y el mercado funcionen en un contexto de certidumbre, estabilidad y predictibilidad de la agenda de políticas en los próximos meses. En ese sentido, se necesita saber quiénes y sobre qué bases vamos a discutir la Ley de Presupuesto Público en noviembre y eso todavía no lo tenemos claro.

Esto recién comienza y seguramente el equipo de gobierno se va a equivocar mucho, como sucede siempre al inicio de las gestiones, especialmente cuando se trata de un equipo con una amplia confluencia de distintas fuerzas políticas, que, además, tienen todavía una necesidad de alinear intereses y estrategias con su bancada en el Congreso (y con las de oposición también).

Ojalá las nuevas autoridades, con el apoyo de la academia, los debates y los diálogos, definan seriamente dos o tres prioridades en las que concentrar los esfuerzos del Estado y generen consensos mínimos en dichas prioridades. La población está muy golpeada y los ciudadanos se merecen un poco de esperanza de que podemos construir un Estado pospandemia realmente más inclusivo y representativo.

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[1] FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Rome: FAO. Consulta: 2 de agosto de 2021. https://doi.org/10.4060/cb4474en o http://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/

[2] Resultado presentado en los Diálogos Nacionales sobre sistemas alimentarios en el Perú (1 de julio 2021) (ver en: https://www.facebook.com/watch/live/?v=320854613086259&ref=watch_permalink)