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“El rayo que no cesa”. La protesta por los cambios en América Latina, de Romeo Grompone

Foto: AP

El abierto desconocimiento de derechos y garantías por parte del gobierno de Maduro y la debacle económica, que precipitó a millones de venezolanos fuera de su país, parecía ser el golpe final al llamado ciclo progresista en América Latina. La llegada de Bolsonaro al poder en Brasil, sustentado tanto en la intolerancia y la persecución a quienes pensaban distinto en el plano político, en valores culturales y en modos de vivir distintos, parecía acentuar este giro radical. Este era un recurso para que otros gobernantes se presentaran con niveles de moderación sin que ello se expresara en un rechazo expreso a la prédica del nuevo gobernante de Brasil. En todo este proceso se dejaron de lado principios de derecho internacional que afirmaban una posición coherente en la región y cuyo apartamiento no solo nos ha descolocado sino debilitado.

Quienes sostienen una ideología de mercado con un Estado mínimo, se enfrentan a la vez a un supuesto fortalecimiento de sus convicciones expresadas en recientes cambios políticos y a la vez a una resistencia que parte desde múltiples actores (desde intelectuales críticos a grupos que se sienten excluidos en la pobreza). No todos ellos, por cierto, representados formalmente por organizaciones políticas de izquierda. Algunos más bien buscaban distanciarse de representación alguna, si bien una secular experiencia política indica que estos movimientos en su desarrollo forman identidades y a su vez recogen legados de la historia de sus países. Acaso el Perú sea una excepción en los años recientes por la hegemonía que ha logrado establecer el llamado pensamiento neoliberal en la batalla de las ideas, no atribuible solamente a la incidencia de los medios de comunicación.

Ecuador y Chile desde la protesta social, Argentina y Uruguay a través de elecciones – junto a los problemas que enfrenta Bolivia – hacen que estos sean momentos críticos en la región. Quizás no tan decisivos para marcar un antes o un después, salvo probablemente lo que está ocurriendo en Chile. Obliga a rectificaciones a los grupos de poder y a varios gobiernos que ya no pueden desligarse de las protestas de la sociedad sin negociaciones o condicionamientos en relación a políticas económicas y sociales a las que presentaron, por lo general con arrogancia, como la única alternativa posible. En las manifestaciones en Chile y Ecuador se va desvaneciendo la idea de una conspiración, aun cuando inicialmente sus presidentes expusieron esa idea con vehemencia cuando quisieron restarle importancia a la protesta y apostaron por la criminalización.

Como señala el politólogo Juan Pablo Luna a propósito de Chile: “el metro ha acortado las distancias físicas y temporales entre los desiguales. Y aun cuando en un contexto en que la desigualdad objetiva se ha reducido según las mediciones tradicionales, el metro posiblemente ha contribuido a politizar (volviéndolas más visibles en términos sociales) las enormes desigualdades que hoy siguen marcando la vida de quienes residen en una y otra ciudad.” Por otro lado, el aumento de combustibles en Ecuador es explicable fundamentalmente por la elevación el 78% del costo del Diesel que afecta el transporte público y el transporte de mercancías que afecta el consumo privado. Había subsidio es cierto, pero las medidas para reducirlo tenían un componente discriminatorio. La mayoría de los medios simplificaron interesadamente la demanda. Ella se eslabona con un conjunto de reivindicaciones que se juntan en la misma dirección: “todos los fuegos el fuego”.

Se suman entonces en Chile el bajo nivel de salarios del 50% de la  población activa; una evaluación de las AFPs tan empecinadamente defendidas por las élites que en la mayoría de los casos no asegura una jubilación decente ( algo que probablemente sabían quienes lo impulsaron desde hace más  de tres décadas);  el reclamo  del movimiento  estudiantil para garantizar una educación igualitaria, de acceso abierto y de calidad y hasta el malestar de una clase media aspiracional atada al consumo y consternada al descubrir el límite de sus aspiraciones. Y en Ecuador se enfrenta la inestabilidad ocupacional y la obligada restricción en el gasto público por compromisos contraídos por el país con organismos internacionales para lograr financiamiento. Ello impide a vastos sectores satisfacer sus necesidades primarias y como parece estar ocurriendo en toda la región se comprueban los límites al ingreso al mercado formal, que precipita la disminución de ingresos.

Respecto a los países que van a enfrentar a elecciones (Argentina, Bolivia y Uruguay) el gobierno de Bolivia con excesos que se apartan de la constitución (y un más que probable fraude en las elecciones que exonerarían a Evo Morales de una segunda vuelta), ha logrado un crecimiento sostenido y una recomposición de sus élites en lo étnico y lo social que -sin embargo- no es justificación de las transgresiones cometidas. El gobierno de Macri en Argentina no ha sabido o no ha estado en condiciones de dinamizar la economía a través de compromisos con el Fondo Monetario Internacional, institución que ha pasado del apoyo ferviente a la reticencia frente al todavía gobernante del país.

El justicialismo deberá afrontar la inestabilidad económica, el aumento de la pobreza y el desempleo, la negociación de la deuda externa, además de las justificadas críticas que pueden hacerse a su gestión, sobre todo en el descuidado y a veces turbio manejo de los fondos públicos. Uruguay llega a los quince años de los llamados gobiernos progresistas con mejoras que reconocen oblicuamente sus adversarios en estabilidad económica desde una matriz  democrática y socialista;  sensibles avances en políticas sociales particularmente en el tema de la salud y la inclusión ; regulación  y acuerdos en temas laborales  que consiguen pasar de los conflictos en los consensos sociales; los niveles menores de corrupción en el continente; el avance más radical en la agenda de nuevos derechos , en especial los de género y diversidad. Pero también desconfianza de parte de los ciudadanos sobre cómo se ha atendido el tema de seguridad. Existen probabilidades que en una segunda vuelta el Frente Amplio sea derrotado en las elecciones. La mayoría de la oposición sabe  que no puede cambiar la mayor parte de las líneas matrices de la gestión a la que quieren subrogar.

No se puede hacer tabla rasa de lo que está ocurriendo entre demandas que se articulan desde distintos actores en las protestas sociales y desde gobiernos que aún en eventuales derrotas siguen siendo un presente a considerar. Y ello lo saben quienes se enfrentan a estos proyectos, si es que tienen un asomo de lucidez.